No permitamos que España se convierta en el prostíbulo de Europa

No permitamos que España se convierta en el prostíbulo de Europa

“¿Sabe usted cuántas personas (fundamentalmente niñas y mujeres) son esclavizadas sexualmente en las calles de las grandes ciudades del mundo?”, pregunta Álvarez

¿Estamos dispuestos a que el liberalismo económico mercantilice los cuerpos de  millones de personas como mercancía reutilizable?

¿Tan degradados estamos que vemos “normal” que los cuerpos de las personas sean tratados como objetos y puedan, por tanto, venderse o alquilarse?

¿Sabe usted cuántas personas (fundamentalmente niñas y mujeres) son esclavizadas sexualmente en las calles de las grandes ciudades del mundo?

Además de declaraciones institucionales ¿qué más cree usted necesario hacer para acabar con la explotación sexual de aquellas jóvenes asiáticas, latinas, africanas, europeas  (y españolas) que son captadas con violencia o seducción, con engaño, coacciones o aprovechamiento de necesidad y que son, primero expuestas, y después utilizadas sexualmente (previo pago) en calles, clubes, pisos, o a través de catálogo en la red?

¿Cree usted que se precisan acciones realmente efectivas en la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual?

Debe saber que España ya se sumó al consenso internacional que considera la trata como un delito de lesa humanidad, y al hacerlo adquirimos el  compromiso de prevenir estas prácticas, procesar a los autores del delito y proteger de manera efectiva a las víctimas. Sin embargo, poco parece que cambia y el crecimiento de prostíbulos y proxenetas en España es imparable.

Esto ocurre como consecuencia de una legislación contradictoria que elude el hecho de que la trata tiene un marcado componente de género y que es la explotación de la prostitución ajena, la pornografía, los espectáculos de carácter sexual y el turismo sexual lo que representa el grueso de la  trata que se convierte así en el medio para proveer de mujeres y niñas al “mercado de la prostitución”.

La entrada en vigor de convenios internacionales tan elementales como el de Protocolo de Palermo y el de Varsovia  ha sido complementada con actividad normativa en los diferentes estados y España ya desarrolla los mandatos de los convenios internacionales gracias a trasposiciones normativas que han ampliado la acción de la justicia y protocolizado las acciones policiales y de intervención social para proteger a las víctimas. Sin embargo, todos estos esfuerzos parecen inútiles y la industria del sexo crece exponencialmente en España al amparo de una legislación permisiva que alimenta que  cientos de mujeres sean ofrecidas en paquetes ‘low cost’, con copa incluida, en cientos de locales establecidos a las afueras de los pueblos o en el centro de las ciudades.

Vamos mal si no se combate el origen del problema. Que alguien pueda establecer un sistema empresarial prostituidor, para inundar el mercado de mujeres a las que poder utilizar sexualmente, debe ser combatido con claridad. Nadie debe ser beneficiario de la prostitución ajena.

Ni tan siquiera la hipocresía puede ocultar que la trata de personas, con fines de explotación sexual, se aviva por la desigualdad entre los géneros y la falta de igualdad de oportunidades y que es la demanda de prostitución el factor que contribuye a promover, alentar y sostener uno de los mayores negocios ilícitos del mundo. Esta es la verdad incómoda que el sistema se niega a aceptar porque son cientos de miles quienes demandan diariamente servicios sexuales bajo pago  y quienes necesitan creer que es “natural” que el acceso sexual al cuerpo de las mujeres se pueda hacer bajo precio.

El ‘Informe de la relatora especial sobre los Derechos Humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños’ (ONU) ya ha considerado como “evidente” que la mayor parte de la prostitución implica uno o varios de los medios ilícitos señalados en el apartado a) del artículo 3 del Protocolo de Palermo, y que por lo tanto constituye trata.

Lo dice el informe y lo sabemos todas/os nosotros. Ni tan siquiera la coartada de la supuesta libertad de unas pocas puede servir de cortina para ocultar este escenario de explotación.

Los pasos dados hasta el momento han obtenido escasos resultados. Si de verdad esta realidad pretende ser combatida, no cabe mirar tan solo los aspectos relacionados con la reparación del daño a las víctimas. El modelo de intervención paliativo poco soluciona, más allá de ser un bálsamo para quien sufrió o sufre la explotación. La intervención estratégica debe combatir todo el entramado prostituidor que se compone de quien demanda, quien recluta, quien explota y todos aquellos que se lucran y apoyan de una u otra manera todo el sistema.

Legislar contra la explotación de la prostitución ajena es el principal paso para acabar con la industria de la trata de personas. A estas alturas sabemos que la apuesta de los Estados que han promovido legalizar la prostitución ha sido fallida y que solo ha servido de instrumento de perpetuación de la trata que encuentra en esos países una cómoda complicidad gracias a la institucionalización del proxenetismo.

La industria del sexo crece exponencialmente en España al amparo de una legislación permisiva que alimenta que cientos de mujeres sean ofrecidas en paquetes ‘low cost’

No nos engañemos, la prostitución es una práctica social que nadie desea para sus hijas pero que demasiados aceptan y utilizan. Las encuestas sobre la utilización de mujeres para prácticas sexuales bajo precio sitúan a España a la cabeza del “consumo”. Los llamados “clientes” o “prostituidores” son personas que se justifican y eluden su responsabilidad como agentes activos de la explotación sobre la base de pensar que existe consentimiento por parte de las mujeres para ser explotadas en el ejercicio de la prostitución.

Si la cuestión de fondo es acabar con la explotación, convirtamos en actividad ilícita el lucro por prostitución ajena. Dar ese paso es esencial para acabar con las mafias, los chulos, los tratantes, los proxenetas y la permisividad social hacia la explotación del cuerpo de las mujeres.

La reciente reforma del CP ha venido a empeorar las cosas, con un PP hipócrita que rechaza institucionalmente la práctica pero apuntala a los proxenetas dando carta de naturaleza a la categorización de un proxenetismo bueno y otro proxenetismo malo. El PP ha perdido un tiempo precioso para combatir la explotación sexual con una reforma que sigue dejando en manos de interpretaciones permisivas -a través de la indeterminación jurídica- la vida de miles de mujeres a las que se exige prueba de “no-consentimiento” a pesar de que la libre voluntad de la víctima, a menudo, se vea  limitada  por la fuerza, el engaño, el abuso de poder, o la vulnerabilidad.

El camino es otro: deben ser suspendidas las ordenanzas que multan a las mujeres prostituidas. Es inconcebible que en el siglo XXI haya políticos que no sepan que no podemos castigar a las mujeres por su propia explotación mientras son permisivos con el proxenetismo. El proxenetismo debe ser combatido en todas sus formas.

Recuerdo que durante las comparecencias en la “Subcomisión para el estudio de la trata de seres humanos con fines explotación sexual” de la X legislatura el Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería expreso literalmente:

“Yo no soy nadie para juzgar a una mujer que ha decidido ganarse la vida ejerciendo la prostitución, (…)  pero sí que tengo derecho a exigir que no haya nadie que se lucre o que reciba un beneficio como empresario”.

El señor Sanchez Cobisa apuntaba que para combatir la trata con fines de explotación sexual “cabría la posibilidad de la supresión de las licencias o de la actividad empresarial en este ámbito”, asunto que recogió una de las conclusiones de dicha Subcomisión.

Para desmantelar la industria del sexo, es preciso reintroducir en el Código Penal la figura de la tercería locativa (el que alquila habitaciones) en los términos del Convenio de Naciones Unidas. Es preciso introducir la figura de penalización de todo tipo de proxenetismo lucrativo, medie o no consentimiento de la persona prostituida.

No podemos permitir que este país se convierta en el prostíbulo de Europa como proponen algunos partidos emergentes que apuestan por incluir la prostitución como un servicio más a ofertar a turistas  y nacionales para sus ratos de ocio y asueto.  Es preciso  frenar esta incursión de organizaciones proxenetas que pretenden convertir España en una especie de Tailandia Europea.

Impedirlo pasa por contar con medios para luchar contra las redes mafiosas penalizando a quienes viven de la prostitución ajena, a los proxenetas de cualquier tipo, incluidos los que a través de la permisividad de la tercera locativa llenan el paisaje de prostíbulos, como si fuesen gasolineras. El PSOE en su programa electoral da un paso claro y decisivo para combatir este entramado  ¿Quién puede discutir la conveniencia de frenar que se ejerza la prostitución bajo la dependencia de un tercero para acabar con la proliferación de locales donde se comercia con el cuerpo de las mujeres (incluidas menores de edad)  como si fuesen esclavas en siglo

Un icono contra la discriminación

Zerolo era socialista, luchador, amigo, compañero, incansable, activista, tenía el porte del hombre digno que se sabe libre, unas profundas convicciones, capacidad pedagógica, carisma y un torrente de emoción discursiva que seducía porque en sus intervenciones se percibía su pasión por la igualdad, la libertad y la solidaridad, los valores básicos del socialismo.

Zerolo era un ciudadano que quiso ser titular de los derechos y deberes propios de una ciudadanía que se nos resistía a muchos y muchas.

Un apasionado de la Res pública que buscó a los otros para implicarles en sus pasiones, que supo aunar esfuerzos, que ganó para todos/as espacios de libertad y lo hizo con entusiasmo y poderosas razones dirigiéndose siempre al corazón y a la inteligencia de la gente.

Zerolo es el exponente icónico de una victoria en la lucha contra la discriminación, conseguida con convicciones, pasión e inteligencia.
También recibió el veneno del odio de aquellos que creen que el insulto y el desprecio pueden mermar las convicciones. Para ellos Zerolo tuvo mensajes de pedagogía: “En su modelo de sociedad no quepo yo, en el mío si cabe usted”.

Zerolo peleó buscando para todos/as el respeto y la dignidad que solo nos otorga sabernos personas con derechos, libres.

En mi casa se le ha llorado, lo echaremos en falta cada vez que vemos un arcoiris en el horizonte… ese horizonte que hizo para nosotras más amplio, más humano y más hermoso.

¡Gracias a Alicia Miyares… por traernos a la memoria lo mantenido y defendido por cada una.

He pasado por Facebook para ver los comentarios a un articulo vinculado por Alicia Miyares (http://elpais.com/diario/2006/03/18/opinion/1142636413_850215.html)  y me voy muy preocupada.

 

Muchas llaman a Alicia ¡¡¡VALIENTE!!! por haber recuperado en la hemeroteca un artículo publicado en ELPAIS donde la candidata de Ahora Madrid, la señora Carmena, firma lo siguiente:

 

“contemplamos con preocupación las posiciones del Instituto de la Mujer sobre la prostitución, a la que considera una actividad indigna y degradante. Estas ideas, en línea con el feminismo puritano de reforma moral de fines del XIX, brindan una excusa para mantener las pésimas condiciones en las que las prostitutas ejercen su trabajo”.

 

Para Carmena como firmante de aquel escrito, rescatado del olvido por Alicia, hay un feminismo bueno y otro malo. Del texto se colige que el feminismo malo es el de aquellas que defendimos la Ley de violencia porque según las firmantes del texto:

 

“Nosotras no deseamos un feminismo revanchista y vengativo, deseamos simplemente relaciones en igualdad, respetuosas, saludables, felices, en la medida en que ello sea posible, relaciones de calidad entre mujeres y hombres”

 

 

Este es un comentario indigno contra  quienes promovieron el castigo para los delincuentes de género y las medidas de prevención, protección y reparación  de la Ley 1/2004.

¿Acaso alguien piensa que exigir castigo a los culpables  y reparación a las víctimas es  “tener algún asunto pendiente con el conjunto de los varones”?  Ni Toni Canto fue tan burdo… ¡o si!

 

Lo alarmante es que quienes legítimamente apoyan electoralmente a Carmena se hayan sentido tan molestas. Sera mujer, como lo es Esperanza Aguirre y muchas otras. Nadie duda de que es una mujer progresista en algunos asuntos, Pero muchas feministas tenemos la legitima inquietud, fundada en contratadas declaraciones, de que sus posiciones en materia de custodia compartida impuesta, tratamiento de la violencia de género y su aspiración de regular prácticas abusivas contra las mujeres como es dar legalidad a que se pueda  “acceder por precio al cuerpo de las mujeres” nos alejan de esa candidata.

 

Que Alicia Miyares sea jaleada como ¡valiente!  por atreverse a recordar esas posiciones políticas de una candidata, es inquietante:  ¿Que debe temer?  ¿Qué amenazas se ciernen sobre ella? ¿Quién enseña las uñas contra Alicia? ¿Quién le pasará factura y exactamente por qué? ¿Qué tiene de valeroso, osado, audaz y atrevido, recordar las posiciones políticas mantenidas por alguien que compite electoralmente? ¿Porque se le insinúan intenciones aviesas a quien tira de hemeroteca, en vez de afear a quien firma indignidades intelectuales contra quienes han peleado en este país por defender la vida de las mujeres?La cuestión, es que quienes piensan que Alicia Miyares ha sido valiente, quizás solo estén, manifestando un temor a la represalia, el linchamiento,  y el ataque  a la reputación personal de Alicia.

 

La autoridad de Alicia Miyares en materia de feminismo, es incuestionable, su compromiso intelectual y activista a favor de la igualdad incontestable y como referente feminista tiene la obligación de compartir con todas nosotras sus reflexiones e inquietudes respecto de las posiciones que en un proceso electoral, tienen las candidatas.

 

Aquí y allí, Alicia siempre ha antepuesto sus convicciones feministas a estrategias  partidarias. Que otras no lo hagan solo remarca su altura.

 

¡Gracias a Alicia… por traernos a la memoria lo mantenido y defendido por cada una.

ZAIDA CANTERA: actuamos

ACUERDO SOBRE CELEBRACIÓN DE LA COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA (MORENÉS EULATE), PARA: — QUE EXPLIQUE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE HAN OBLIGADO A LA CAPITÁN ZAIDA CANTERA A PEDIR LA BAJA EN EL EJÉRCITO. URGENTE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001565).

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-721.PDF#page=2

La Mesa de la Comisión del pasado día 26 de noviembre decidió no celebrar la comparecencia para que el ministro explicase las circunstancias que han obligado a la capitana Zaida Cantera a pedir la baja en el ejército. Esta negativa, señorías, tiene consecuencias demoledoras para la imagen del Ejército español. Estamos convencidos de que a su actitud oscurantista se suma que ese mismo día, el 26 de noviembre, el Grupo Socialista presentaba a debate una proposición no de ley para promover un protocolo para la prevención y protección de las víctimas que denunciasen acoso en la actividad profesional de las Fuerzas Armadas, proposición que fue temerariamente rechazada por el Grupo Popular. ¿Puede permitirse este país que su ejército sea un espacio de impunidad en materia de acoso sexual y laboral? El caso de la capitana Cantera es paradigmático de las dinámicas que pretenden convertir a una víctima en una persona estigmatizada. ¿Queremos un ejército que no cuente con mecanismos para la denuncia? ¿Apuesta el Gobierno por un ejército que expone al escarnio a quien pretenda defenderse del acoso? El catálogo de tropelías a que ha sido sometida la capitana Cantera es una especie de manual que nos permite ver todo lo que hay que corregir en el Ejército español en materia de acoso sexual y laboral.

Me van a permitir que les lea una nota de prensa del día 1 de mayo de 2014, no es una nota de prensa española, sino una nota de prensa de los Estados Unidos, que dice lo siguiente: Las denuncias de abuso sexual en las Fuerzas Armadas estadounidenses aumentaron un 50% en el 2013 gracias a las campañas para facilitar a las víctimas exponer sus casos y revisar las políticas sobre este problema, informó ayer el Pentágono. Según el general Jeffrey Snow, abro comillas, el aumento sin precedentes de las denuncias responde a una mayor confianza en el sistema de respuesta. En el último año, el Pentágono ha aprobado veintiocho directivas para reducir las agresiones sexuales, ha puesto en marcha números de contacto, ha consolidado oficinas de prevención, tratamiento psicológico y ha existido un compromiso activo de los altos oficiales que han viajado por las bases militares estadounidenses para poner en evidencia la dimensión del problema. ¿Saben por qué el Ejército estadounidense ha conseguido esos resultados? Porque han entendido que el acoso es, y lo pongo en palabras del secretario de Defensa de los Estados Unidos, un enemigo de los vínculos de confianza en el corazón de las Fuerzas Armadas. Su negativa a comparecer, la negativa del ministro a comparecer, rompe los vínculos de confianza que él mismo debería de promover en el ejército, que es lo que está haciendo el ministerio. Sería bueno que supiesen que en general apostar por el silencio es una manera de castigar a las víctimas. Cuando se evita la comparecencia, cuando se evita como Administración tener sistemas de control y vigilancia sobre los instrumentos coactivos que se utilizan para el castigo están permitiendo inocular el miedo al conjunto de la tropa. Todo ese refuerzo a los agresores acaba con la dignidad de las víctimas, pero, no se equivoquen, acaba también a la larga con la dignidad del ejército. Tenemos un ejército que no cuenta con mecanismos para dar respuesta adecuada cuando se denuncia y que expone al escarnio a quien pretenda defenderse.
Han anunciado ustedes que lo que hasta este momento es en el Código Penal Militar la figura de abuso de autoridad se podrá considerar en un futuro como abuso de autoridad en la modalidad de acoso sexual. ¿Supone esto un avance? Lo supone, pero muy poco, señorías. Porque estas modificaciones no vienen acompañadas de sistemas preventivos, ni las victimas mejoran su posición frente a las consecuencias de la denuncia y mucho menos se plantean sistemas de protección o apoyo para afrontar el daño. No puede ser que la obsesión por sostener la disciplina militar por encima de cualquier otra consideración aplaste los derechos y las libertades civiles de sus miembros y todo lo opaque. En el acoso sexual y laboral, el acosador siempre se sirve de la jerarquía y el corporativismo para construir un silencio letal para los subordinados que sufren un abuso o denuncian un acto de corrupción. Ni en un empleo civil ni en un empleo militar se puede permitir que una denuncia por acoso se convierta en una campaña de hostigamiento para la víctima. Cuando no se habilitan sistemas para que un subordinado a la jerarquía connatural al ejército encuentre canales para denunciar los abusos, estamos abonando el campo para los desmanes de algunos. Una denuncia de acoso debe encontrar canales y garantías para no terminar en castigo por deslealtad al mando. Las Fuerzas Armadas tratan los casos de abuso sexual de su competencia a través de la justicia militar, por eso es preciso que el Ministerio de Defensa sea activo a la hora de articular un sistema de respuesta al acoso en el ejército y hacerlo dando pasos para mejorar la prevención y fortalecer el papel de la justicia militar en la cuestión de los abusos sexuales.

La comparecencia debería de dar respuesta a las dudas que este grupo tiene sobre los mecanismos que el ministerio está articulando para evitar este tipo de situaciones. La comparecencia es necesaria, porque es el ministerio quien debe fomentar medidas para que los acosadores no se escuden en la cultura del respeto al rango. No comparecer no es solo un acto de cobardía política, la negativa a explicarse en el Congreso alienta que se sigan manteniendo en la sombra los problemas de acoso en el ejército. Hay acoso en el ejército, señorías, como en otros ámbitos laborales. Por tanto, hay que buscar soluciones, lo exige la ley porque la pasividad y el silencio siempre beneficien al verdugo. Señorías, sepan que las mujeres están además más expuestas a este tipo de abusos, por eso este silencio actúa como refuerzo de esos obstáculos que impiden una mayor progresión de la incorporación de la mujer al ejército. Se equivocan si creen que evitando la comparecencia protegen al ejército. Están cometiendo un grave error que va contra los intereses de la tropa y, por tanto, del ejercito en su conjunto. (Aplausos).

El PP rechaza que quienes tengan la patria potestad de un menor huérfano por violencia de género puedan aplicarse la desgravación en el IRPF

Hoy, en la Comisión de Hacienda y AA.PP del Congreso

La diputada Ángeles Álvarez, que ha defendido esta iniciativa, señala que “es un desatino castigar fiscalmente a quienes asumen la responsabilidad y el cuidado de un menor que pierde a su madre como consecuencia de la violencia de género” y acusa al Gobierno de desatender la situación en que quedan estos menores.

 Madrid, 9 de diciembre de 2014.-  El PP ha rechazado hoy, en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, una proposición no de ley del Grupo Socialista, en la que se planteaba al Gobierno que se incluya como objeto de desgravación del IRPF el hecho de ostentar la patria potestad de los menores huérfanos de víctimas de violencia de género.

“¿Cómo es posible que la Agencia Tributaria permita desgravar por hijo y permita aplicar el mínimo personal y familiar a contribuyentes que tengan a un menor en tutela o acogimiento, y niegue ese beneficio a quienes asumen la patria potestad de una menor de tres años cuya madre ha sido asesinada por su otro progenitor?”, se ha preguntado la autora de la iniciativa, la diputada Ángeles Álvarez, tomando como ejemplo el caso real de una menor -similar al acaecido ayer mismo en Paterna (Valencia)-, cuya patria potestad fue otorgada a un hermano de la fallecida, y al que la Agencia Tributaria negó la posibilidad de aplicarse los beneficios fiscales que otorga la Ley del IRPF al hacer la declaración de la Renta.

“La rigidez interpretativa de la agencia tributaria atenta contra el sentido común y contra toda lógica jurídica. Porque otorgar la patria potestad es hacer un reconocimiento jurídico superior a la tutela o el acogimiento”, afirma Álvarez. “Las desgravaciones fiscales del mínimo personal y familiar pretenden eliminar presión fiscal sobre ingresos que están destinados precisamente a los gastos derivados de esa responsabilidad que conlleva el ejercicio de la patria potestad”.

“La patria potestad representa la responsabilidad máxima para con un menor y debe ir acompañada de derechos”, ha recalcado. “¿Quien tiene judicialmente asignadas y asuma las mismas responsabilidades que los progenitores, no debe tener los mismo derechos fiscales? El Estado tiene que garantizar los mismos derechos que a cualquier otro menor, y la interpretación de la Agencia Tributaria lo que está haciendo es mermar recursos a la familia que está asumiendo el cuidado de estos menores”

La diputada ha recordado que el Grupo Socialista viene presentando una importante batería de medidas que pretenden extender derechos a los hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género, “y hasta el momento el Gobierno no se ha hecho eco de la situación en que quedan esos menores”. En concreto, esta medida ya se pidió en la tramitación parlamentaria de la Ley del IRPF, y el PP rechazó esa enmienda. “Estamos a tiempo de que se incluya como objeto de desgravación del denominado mínimo personal y familiar también a quienes ostentan la patria potestad de los menores. Se trata de una modificación necesaria por lógica jurídica, por justicia,  y por decencia y coherencia política”, ha defendido. “Es un desatino castigar fiscalmente a quienes asumen la responsabilidad y el cuidado de un menor que pierde a su madre como consecuencia de un terrorismo que somos incapaces de afrontar. El Estado tiene responsabilidades con estos menores y el Gobierno tiene la responsabilidad de hacerlas efectivas”.

“Voten a favor de esta proposición y enmienden su Ley”, ha emplazado al PP, para que “quien gobierna no termine siendo cómplice” del sufrimiento que genera la violencia de género. “Nuestra responsabilidad como legisladores es proteger y apoyar a las víctimas, y no añadir al dolor injusticia tributaria”, concluyó.

 

El PP vuelve a rechazar otra iniciativa del PSOE para reponer fondos para la lucha contra la violencia de género

–       Esta tarde, en la Comisión de Igualdad del Congreso

Los socialistas sí consiguen que el Gobierno se comprometa a indemnizar a Ángeles Carreño -una víctima de violencia de género, cuya hija fue asesinada en 2003 por su ex marido durante una visita no vigilada- cumpliendo el dictamen del CEDAW.

Madrid, 24 de septiembre de 2014 .- El PP ha vuelto a rechazar hoy en el Congreso la petición del Grupo Socialista de reponer los fondos para las campañas de prevención institucional contra la violencia de género.

Era este el principal punto de una proposición no de ley defendida por la diputada socialista Ángeles Álvarez, quien ha denunciado el recorte brutal del 70% en los fondos de la lucha contra la violencia de género por parte del Gobierno y ha advertido que ”recortar fondos en la estrategia de prevención es una barbaridad”. “La estrategia del PP solo cumple con mínimos. Con más de 40 asesinatos no se puede trabajar con objetivos mínimos para cubrir el expediente”, ha enfatizado. “Piden propuestas y aquí les presentamos propuestas razonables, eficaces y posibles, en beneficio de las víctimas”, añadió.

La iniciativa también contemplaba analizar los informes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de todos los casos de violencia de género con resultado de muerte con el propósito de identificar y sistematizar comportamientos que ayuden a predecir el riesgo, evaluar las campañas institucionales para garantizar su eficacia, y dar transparencia a las adjudicaciones de las mismas.

Asimismo, el PSOE insistía en impulsar por parte de los jueces la utilización de los dispositivos de control telemático, no sólo como sistema de verificación del cumplimiento de las medidas de alejamiento, sino como instrumento disuasorio de primer nivel. En este sentido, Ángeles Álvarez ha puesto de manifiesto que, los datos de la delegación del gobierno para la violencia de género indican que en Jul 14 se encontraban activas 66 menos que en el mismo periodo de 2013 y 132 menos que el año anterior.

Por otro lado, el PP ha rechazado también –esta vez en la Comisión de Interior- otra iniciativa socialista para incorporar al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VIOGÉN) a todas las instituciones que intervienen en la asistencia y protección de las víctimas, con el objetivo de garantizar una mayor eficacia en los procedimientos y mejorar la capacidad predictiva en la valoración del riesgo para casos de violencia machista contra las mujeres y sus hijos e hijas.

 

Ángeles Álvarez ha reprochado al Ministerio del Interior que hayan tenido paralizado más de medio año el convenio con la Junta de Andalucía para la integración de las aplicaciones telemáticas de ambas administraciones en lo relativo a los casos de violencia de género, que se firmó finalmente ayer.

Justicia para Ángeles Carreño

Sí ha conseguido el Grupo Socialista que el PP apruebe otra iniciativa que compromete al Gobierno a dar cumplimiento al dictamen del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que condenó a España por el caso de Ángeles González Carreño, una mujer víctima de violencia de género, cuya hija de 7 años fue asesinada en 2003 por el ex marido y padre durante una visita no vigilada.

El Gobierno habrá de adoptar urgentemente las medidas oportunas para otorgar a Ángeles González Carreño una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional, además de realizar una investigación exhaustiva e imparcial con miras a determinar la existencia de fallos en la protección de ella y su hija.

Además, llevará a cabo, en el plazo de 6 meses desde la fecha de la recomendación, las actuaciones necesarias para cumplir las recomendaciones del Comité: que los antecedentes de violencia sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos e hijas; que el interés superior del niño o niña y su derecho a ser escuchado prevalezcan en todas las decisiones que se tomen en la materia; reforzar la aplicación del marco legal con miras a asegurar que las autoridades competentes ejerzan la debida diligencia para responder adecuadamente a situaciones de violencia; y proporcionar la formación obligatoria a los jueces y personal administrativo competente.

Desgraciadamente el caso de un maltratador  que utiliza el asesinato de su hijo o hija como instrumento de venganza hacia la madre, no es único. Sigue ocurriendo”, ha señalado la portavoz socialista de Igualdad, Carmen Montón, que ha presentado esta iniciativa.  “El interés superior del menor, su seguridad, debe estar por encima del derecho de custodia o visitas de los padres”, ha defendido. Por ello, “es una temeridad traer una ley de custodia impuesta a este Parlamento”, ha sostenido.

 

Montón ha recordado que “desde hace tiempo los socialistas venimos reclamando mayor protección para los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género” y que el PP votó en contra de una proposición de ley presentada por el PSOE en octubre de 2013.

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