Ángeles Álvarez

La tabla adjunta significa que una de cada cuatro llamadas por violencia de género al número de ayuda estatal (016) se realizan desde Madrid. Como puede verse, Madrid esta a la cabeza de la demanda telefónica al 016 con una tasa de 197 llamadas por cada 100.000 mujeres.

Estos datos, son suficiente motivo para que una Comunidad con unos indices de asesinatos de mujeres ciertamente preocupantes, no rehuya ningun esfuerzo para poner freno  a esta atrocidad.

Hemos exigido desde el PSM a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que firme el convenio con este servicio para mejorar la atención a las víctimas.

Resulta irritante seguir las actividades de la consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados,  muy dada a visitar con frecuencia el 012 acompañada de los medios de comunicación para ofrece datos sobre las atenciones telefónicas a víctimas de la violencia de género de manera sesgada e incompleta, ocultando que las mujeres madrileñas son las principales usuarias del teléfono estatal 016.

El Gobierno regional no sólo no firma convenios con el 016, sino que tampoco lo hace con otros teléfonos de asesoramiento municipales. Por tanto, no establece protocolos de coordinación que garanticen una intervención eficaz y racional, ya que ignora o evita informar sobre los recursos propios de muchos ayuntamientos.

En estos momentos, el 012, habilitado por el Gobierno de Aguirre, tiene un horario limitado, atiende sólo en castellano y no está habilitado para personas con discapacidad sensorial, mientras que el 016  habilitado por el Gobierno de España, garantiza la atención de las llamadas en varios idiomas: castellano, catalán, gallego, vasco, inglés y francés. Ademas está habilitado para personas con discapacidad sensorial y atiende las 24 horas los 365 días del año.

Es preciso recordar que el convenio estipula que las llamadas al 016 son derivadas automáticamente a los teléfonos autonómicos que garantizan un servicio similar, y en los casos en que la prestación difiera, se atienden por las propias operadoras del 016 a partir de la información facilitada por las propias Comunidades Autónomas.

Firmar el convenio supone entre cosas comprometerse para facilitar informacion actualizada que la Comunidad de Madrid hoy por hoy no ofrece.

La decisión  politica de no firmar significa de facto dificultar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género en la Comunidad  de Madrid.

A las puertas de la Conferencia de Presidentes, es preciso que estas actitudes cambien en favor de un empeño conjunto a favor de la eficacia.  Aguirren y Adrados deben colaborar.

Compártelo