Violaciones colectivas

Manuel Moix, fiscal superior de Madrid, ha presentado recientemente la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2008. Resulta interesante observar como los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 20% y los casos de pornografía infantil más de un 400%. Estos son las principales causas que han ayudado a engrosar la tasa de criminalidad en Madrid.

Estos datos han pasado con relativa indiferencia hasta que los medios han fijado su atención en dos casos concretos y recientes de agresiones a niñas por parte de pandillas de varones menores de edad.

El debate suscitado, por casos como el de MariLuz, Marta del Castillo y los recientísimos de la niña violada en Baena, o la menor vecina de Isla Cristina, no puede limitarse a la demanda de endurecimiento de penas o la ampliación de la responsabilidad penal de los menores y sí debe servir para plantear los temas de fondo sobre incidencia y características de estos delitos que van en aumento y cuyas víctimas son esencialmente mujeres.

Asesinatos y violaciones son sin lugar a dudas las formas más horrendas de quebrantamiento de las normas sociales y son especialmente preocupantes cuando concurren circunstancias como la minoría de edad de la víctima o el victimario. El Código Penal ya es claro en este sentido al considerar agravantes la vulnerabilidad de las víctimas o que en los ataques intervengan un número amplio de agresores.

Han sido básicamente los casos de agresiones sexuales los que han abierto el debate social, y sin embargo, es esta una circunstancia que apenas ha tenido espacio en la reciente reflexión pública, muy dirigida por los sectores conservadores a aprovechar el dolor social que generan estas situaciones, para abrir debates simples con propuestas de solución de mucha severidad y poca eficacia.

Sabemos por ejemplo que en Suiza, entre 1999 y 2004, los atentados contra la integridad sexual subieron un 62%.
En Suecia, en 20 años, el número de casos se ha triplicado, mientras que las violaciones en que los agresores son niños varones menores de 15 años se han multiplicado por SEIS en solo una generación.
Sabemos también que los barrios parisinos han sido testigos de violaciones colectivas de mujeres entre 13 y 16 años en las que llegaron a participar hasta 48 agresores.

Sería deseable que el Ministerio del Interior facilitase el número de atentados contra la integridad sexual cometidos por y contra menores de edad en España, incluyendo las violaciones colectivas y las secuencias temporales, que nos permitan conocer cómo ha evolucionado en la última década, a fin de ayudar a buscar explicaciones al fenómeno.
Esos datos nos permitirán preveer si estamos ante el establecimiento en España de hechos frecuentes como los relatados en la prensa centro europea, donde los medios de comunicación describen las «colas de espera» en las violaciones colectivas, o estamos ante una situación episódica.

En Suiza, tras la toma de conciencia del problema, emergió un interesante debate que identificó como elemento responsable el aumento de la pornografía y su fácil acceso gracias a Internet.
Ciertamente para profundizar en estas cuestiones es preciso considerar variables relacionadas con la pornografía y la prostitución, pero también es bueno conocer la historia de las violaciones.

Jaques Rossiaud, autor de “La Prostitución en el Medioevo” describe como en la Edad Media se producían violaciones colectivas de grupos de jóvenes de la misma edad que expresaban sus frustraciones en forma de violencia sexual.

Rossiaud describe la formación de “solidaridades de edad” (pandillas) que dado el escaso papel socializador de los padres les convertían en iniciadores en la vida adulta. Según Rossiaud, la historia nos enseña que la “violación colectiva” ha sido instrumento en el proceso de iniciación de los varones y que ha tenido la finalidad de instruir acerca del papel de la mujer y del hombre en la sociedad. Estaría por tanto hablando de ritos colectivos de virilidad en los que la violación ha jugado históricamente un papel sustancial.

La obra “Ni putas ni sumisas” de la francesa Fadéla Amara nos introdujo para la reflexión una realidad más reciente, la de los muchachos de las barriadas parisinas que utilizan las violaciones colectivas para imponer a “sus mujeres” (hermanas, novias o amigas) un modelo de relación de género anti-igualitario.
Los jóvenes del medievo y los descritos por Fadéla Amara pretendían a través de un “acto compartido” imponer un orden social que quita derechos y pretende excluir del espacio público a las mujeres.
En Francia el perfil del agresor que describe Fadéla Amara, se hallaba muy definido: jóvenes de familias magrebíes que emigraron a Francia y se establecieron en ciudades dormitorio donde se hacinan los inmigrantes.

La cuestión es que en España los autores de estos casos son españoles, hijos de familias normalizadas. Por tanto, sin argumentos que nos permita limpiar nuestras responsabilidades sociales achacándolo a “gentes con otros modelos culturales”, cabe preguntarse si estas agresiones son ciertamente un instrumento de autoafirmación de una hombría y masculinidad mal entendidas. Si como parece evidente es así, no cabe duda de que hablamos de casos claros de violencia de género.
No es un dato menor que como refiere la ONG “Asistencia a Mujeres Violadas” (CAVAS), muchos jóvenes agresores que han participado en violaciones colectivas indican en sus declaraciones ante los juzgados que “lo que hacían les repugnaba, pero no participar cuestionaba su “hombría” dentro del grupo”. No eludamos por tanto la posibilidad de un repunte del sexismo que atraiga viejas fórmulas.

Otro debate de fondo apunta a la responsabilidad de actuar de forma preventiva. Muchos declaran que los padres/madres, y no la escuela, son los responsables de la educación sexual y de establecer los límites.
Sin embargo, la escuela es el espacio por excelencia para la educación (incluida la sexual) y ha sido históricamente un buen lugar para el aprendizaje de límites. El problema es que siendo la escuela donde las niñas (colectivamente), sufren y aprenden las primeras formas de abuso, el profesorado ni tiene recursos para identificarlos ni apoyos para ponerles freno.

Los casos de Baena e Isla Cristina han sido tragedia y dolor, por tanto el silencio partidario de los progenitores de los abusadores ha sido cruel y clamoroso. Hubiese sido ejemplo de dignidad social dirigirse a la población, como responsables de su tutela, para hacerse la pregunta: ¿Qué estamos haciendo mal?

Ha resultado grotesco que en el caso de Baena – niña de 13 años violada por seis menores- haya sido la madre de la víctima la que públicamente se haya hecho esa pregunta, asumiendo una responsabilidad que no tiene y planteando a la sociedad la pregunta equivocada, ya que son los padres de los agresores los que deberían estar abriendo ese debate sobre las responsabilidades particulares y colectivas.

La culpa emergió como siempre del lado equivocado: el de las víctimas de las agresiones sexuales.
Pero, las niñas, las adolescentes, las adultas, las mujeres, necesitamos que estos debates se planteen desde un rigor que no eluda como dato que nosotras somos las principales víctimas de ese tipo de delitos y por tanto, para este debate cabe recordar que “ser mujer no es un dato indiferente”.