Lo que necesitamos es actuar con determinación, claridad y concreción.


El Partido Popular ha presentado esta semana una Proposición no de Ley, con  un título que manifiesta su deseo de poner en marcha, un plan para garantizar la atención integral y especializada a menores.

Sin embargo, su exposición de motivos se cuida de eliminar la palabra Plan y se limita a instar al gobierno a contemplar la situación de los menores en cuantas iniciativas se lleven a cabo en este ámbito.
Llevar a la Comisión de Igualdad un texto declarativo que no cuenta con compromisos concretos y en el marco de unos presupuestos que no aportan recursos para apoyar a los organismos encargados de realizar la intervención, es una tomadura de pelo que solo busca el  titular.

A estas alturas del debate, hasta el PP sabe que todas las medidas contra la violencia de género, han de tomar en consideración el daño inferido a las mujeres y a sus hijos e hijas. Esta es una premisa sobre la que existe acuerdo conceptual y sobre la que se viene trabajando desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de género.

Los Planes de prevención de la violencia puestos en marcha por el gobierno socialista  incluyeron al conjunto de los menores como elemento central de la intervención preventiva y la Ley 1/2004, de manera expresa, marco un modelo de intervención integral que ha supuesto incorporar las intervenciones terapéuticas específicas con menores en los servicios de atención.

Esto ya se vine realizando, la ley lo exige y los centros de atención integral de las Comunidades Autónomas ya aplican programas de diagnóstico e intervención individualizada o grupal a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género que se hallan en acogimiento.

Pero hay que atender diferentes realidades: la de los menores residentes en los centros de tratamiento integral para víctimas de violencia de género y la de  los niños/as que aún viven con el victimario.

En el primer caso, es esencial identificar las necesidades específicas de los menores residentes en los centros de tratamiento integral y adecuar los sistemas de protección para evitar los ataques que ya vienen denunciando los centros de acogida.

Desde la aprobación de la Ley se vienen corrigiendo disfunciones, situaciones ilógicas y socialmente inadmisibles como el hecho de que los asesinos heredasen los bienes de sus víctimas. Toca corregir otras disfunciones cuando, comienza a trascender que hay centros denunciados por dar ayuda terapéutica a los menores, sin el consentimiento del progenitor agresor.

Estas son cosas que el Partido Socialista ve necesario acometer, y que ha detallado en una enmienda amplia, que huye de la abstracción, y que propone al gobierno cuestiones  tan específicas como la realización de  la valoración de riesgo para los/as menores y  la protocolización de planes de seguridad específicos para los valorados como casos de riesgo.

Estas medidas concretas, ayudarían a evitaran los denominados asesinatos o desapariciones de menores “por venganza”.

Caben muchas preguntas:

  • ¿Por qué el Partido Popular vota en contra de estas iniciativas?
  • ¿Por qué desprecia el consenso en materia de violencia de género?
  • ¿Por qué trata de patrimonializar el protagonismo que corresponde a una sociedad concienciada y comprometida?
  • ¿Cómo se explica el rechazo a las propuestas concretas?
  • ¿Por qué el PP se niega a  incorporar las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo de Investigación sobre la Infancia del Observatorio Estatal?
  • ¿Por qué el PP se niega  a  proteger a los/as menores haciendo que cuando exista condena firme por delito de violencia de género, esto conlleve la pérdida de la custodia de los hijos e hijas menores?
  • ¿Por qué el PP evita apoyar una enmienda que nos llevaría a hacer  extensiva la Orden de Protección a los hijos e hijas junto con la de su madre?
  • ¿Por qué el PP no acepta una enmienda que pide no aplicar la mediación familiar en los casos de violencia de género?
  • ¿Por qué el PP no dota de recursos la asistencia psicológica a los hijos/as siempre que sea necesario?

La respuesta es desalentadora y peligrosa, pues supone  acomodarse en la política declarativa, que busca el titular, cuando lo que necesitamos es actuar con determinación, claridad y concreción.