Al gobierno de Gallardón no le gusta que en la declaración institucional del 8 de marzo se incluya un párrafo en el que el Ayuntamiento :
Manifiesta su compromiso de trabajar para fomentar la autonomía de las mujeres y legitimar sus preferencias sobre cuestiones sanitarias, personales o de cualquier otra índole.
….por tanto la declaracion de este año dejará claro con lo que no se compromete.
El Ayuntamiento de Gallardón cuenta con un Área de Familia y Servicios Sociales que, como muchos otros ayuntamientos, convoca anualmente subvenciones a favor de entidades e instituciones sin ánimo de lucro que, por ejemplo, dan apoyo a personas en manifiesto riesgo de exclusión social, apoyan a mujeres víctimas de violencia o refuerzan intervenciones en el ámbito sanitario o del empleo.
A la hora de resolver en plazo, la Delegada del Área de Familia y Servicios Sociales, ha incumplido la norma en seis de las once convocatorias de subvenciones a estas entidades sociales: Igualdad, Servicios Sociales, Mayores, Voluntariado, Familia e Infancia y Convivencia Social e Intercultural.
Este incumplimiento supone que las organizaciones no saben a mediados de noviembre si contaran con apoyo financiero para desarrollar programas que tienen que justificar el 31 de Diciembre.
Resulta obsceno, administrativamente hablando, que en la Dirección General de Igualdad con un acomodado equipo de 47 cargos directivos de nivel 28 y superior que cobran más de 3.187.867 euros anuales no sean capaces de gestionar, ¡en seis meses!, sus propias convocatorias.
Las organizaciones con programas que han de desarrollarse a lo largo de 3 o 4 meses no saben si le serán aceptada la ampliación para el desarrollo de los programas y es probable que algunas se vean obligadas a renunciar a la subvención como consecuencia de la mala gestión de la administración municipal.
Son Organizaciones que resuelven problemas en beneficio de muchos ciudadanas/os y por tanto se merecen que un asunto menor en la gestión administrativa no las ahogue.
Lo sorpréndete es que Concepción Dancausa suelte a una Directora General -más ocupada en buscar la estimación de su mentora que en gestionar adecuadamente su departamento-, a decirnos, a los socialistas, que hacemos “agitación y propaganda” cuando exigimos que cumpla una normativa que da garantías a las ONG´s. Para ella también es agitación exigir que se tomen medidas para que no vuelvan a producirse situaciones inquietantes para las organizaciones y sus actividades.
Cuando una administración pública no respeta sus propias reglas y no se sujeta a normas, somete a los ciudadanos a la arbitrariedad, la ilegalidad, la parcialidad, el abuso de autoridad y el atropello.
El Ayuntamiento de Madrid está en esa situación administrativa caótica, trata con displicencia o manifiesto desprecio a los ciudadanos/as, dificulta sistemáticamente a la oposición la información sobre el uso de los recursos públicos y está en un permanente ejercicio por evitar rendir cuentas.
Hoy el PP de Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid, supone un paso atrás en la aplicación de un verdadero enfoque ciudadano en la gestión pública. Esta declaración es evidente y demostrable.
El Síndic insta a los Puntos de Encuentro Familair a no usar el Síndrome de Alineación Parental por ir contra la Ley de Violencia de Género.
VALENCIA, 31 (EUROPA PRESS)
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, sugiere a los profesionales que trabajan en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) no utilizar el Síndrome de Alineación Parental, al no estar reconocido ni avalado por ninguna asociación profesional ni científica.
Asimismo, entiende que su utilización es “contraria al espíritu de la Ley contra la Violencia de Género y, sobre todo, a la consideración y prudencia que requieren los menores de sus reacciones emocionales, sobre todo, si han padecido la vivencia de violencia familiar y, en este sentido, la extrema atención a la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia”.
El Defensor del Pueblo de la Comunitat hace esta sugerencia, con fecha 27 de octubre, tras una queja formulada por una madre en la que relataba una serie de “irregularidades” en el Punto de Encuentro Familiar de Gandia (Valencia) con respecto a ella y a sus dos hijos menores de edad.
Tras esta queja, el Síndic, quien solicitó informe a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, destaca que los PEF “deben de proteger y velar por la seguridad de los menores que tiene bajo su responsabilidad”.
Asimismo, en el escrito, consultado por Europa Press, la institución recuerda que el denominado Síndrome de Alienación Parental “no es una categoría clínica, ni médica, ni psicológica” sino que debe entenderse como “descripción de una situación caracterizada por una serie de síntomas y conductas”.
En este sentido, Cholbi indica que en los casos en que se aprecie problemas de relación y rechazo de los hijos hacia el padre, “la primera aproximación desde un punto de vista científico debe ser descartar situaciones de violencia y abordarlos como un problema de adaptación o de relación del menor o de su entorno familiar y no como patología”.
Así, entiende que en algunos casos el rechazo de los menores al progenitor se debe a que ha existido previamente violencia doméstica y que, por lo tanto, “en modo alguno puede ser aplicable el ‘diagnóstico’ –no científico– llamado Síndrome de Alineación Parental para argumentar el rechazo a un padre no custodio”.
Del mismo modo, el Síndic de Greuges insta a “crear la confianza suficiente” en los PEF para que estos centros “no se conviertan, si cabe más, para los usuarios, en un lugar de mayor sufrimiento e incomprensión del que ya tiene por razones de conflictividad familiar”.
Por todo ello, la institución sugiere que los profesionales de los PEF no utilicen el denominado Síndrome de Alineación Parental “al no estar avalado por los organismos internacionales correspondientes”.
En España los “empresarios” de burdeles han elaborado un manifiesto contra el Plan contra la Trata de seres humanos con fines sexuales aprobado por el Gobierno de España
Quieren movilizar a sus asociados para luchar contra un Plan que persigue atajar el principal medio a través del que se abastece la prostitución y que ellos perciben, por tanto, como una amenaza a sus intereses.
Anela es una de las organizaciones más activas en la promoción de la REGULARIZACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN procedimiento a través del que, según ellos, se llegará a la normalización de “un sector que necesita con toda urgencia ser considerado como una actividad empresarial más”.
En ese camino, estos que comercian con mujeres, dicen que tenemos un Plan contra la Trata que al incentivar que se denuncie a las mafias generará numerosas denuncias falsas. (¿os suena esto de otras luchas?)
Anela está contra el Plan porque, según ellos, “sus locales corren el serio peligro de ser clausurados” y temen lo que llaman el “decomiso express” es decir el embargo de bienes y cuentas corrientes que procedan de la trata de seres humanos.
En ese manifiesto, Anela hace un llamamiento a los que comercian con mujeres para aliarse ya que perciben que el Plan contra la Trata amenaza “el futuro de tu negocio y tu patrimonio” .
¡Más clarito imposible! Por tanto ¿qué hacen algunos alcaldes, incluido el de mi ciudad, avalando sus posiciones?
La antropóloga Leonor Walker desarrolló la teoría del “ciclo de la violencia” en 1979 y la expuso en su trabajo The Battered Women (Las mujeres maltratadas). Leonor Walker aportó un instrumento muy útil para entender el mantenimiento de las mujeres victimas en la relación violenta y sus dificultades para romper con su agresor.
Hoy sabemos que no salir del ciclo de la violencia agrava las consecuencias de la violencia y abre el camino a consecuencias fatales.
Leonor Walker ha estado esta semana en El Escorial abriendo un ciclo de conferencias dentro del Curso “Políticas públicas contra el maltrato y la trata de mujeres”.
He tenido la satisfacción de participar como ponente en este curso y estoy realmente contenta de haber tenido la oportunidad de compartir una tarde con maestras tan destacadas y que han aportado tanto a la comprensión de los mecanismos que paralizan la toma de decisiones de las mujeres.
Estos dias que esta tan sensible la opinión pública con las violaciones colectivas sera bueno recordar alguna iconografia que quizas haga pensar un poco sobre la fúncion que tienen las denuncias de la publicidad sexista… y las consecuencias de una tolerancia social desmedida.
Cristina Cifuentes es la Vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y miembro del Comité de Dirección, del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva del PP- Madrid.
Una mujer con responsabilidad en un partido político que tiene por norma y como consigna llevar al Tribunal Constitucional cada una de las leyes que el Gobierno de España, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, impulsa para dar derechos y garantías a las mujeres españolas.
Cifuentes en su blog critica el hecho de que una mujer “edecán” porte el bolso de la Ministra de Defensa y aprovecha para difamar a varias dirigentes socialistas.
Analicemos su post:
Edecán es en el ejército, un/a oficial de Estado Mayor que asiste al jefe militar. La definición dada por el DRAE explica su sentido:
Son cientos las imágenes que archivan las agencias sobre edecanes portando los “útiles ministeriales”, ya que han asistido historicamente a los ministros de Defensa de España, a excepción de José Antonio Alonso.
Cristina Cifuentes que lleva en política casi desde que era menor de edad sabe que, esos “ayudantes de campo”, son una imagen habitual en recepciones y revistas.
El post de la aguirrista Cifuentes solo busca el descrédito y la difamación de la Ministra y de otras dirigentes socialistas, cuando las describe como “feministas de pacotilla”.
He mirado la fotografía con detenimiento y tengo claro que lo que le ha chirriado a Cifuentes no es la figura de la “edecán portadora”, lo que para Cifuentes desentona en la foto es el bolso que porta.
Me explico: si la Ministra fuese varón, en esa foto habría un edecán con maletín y la señora Cifuentes no hubiese puesto el grito en el blog.
El maletín ha sido hasta la incorporación de la mujer al mundo de las reuniones y negocios un objeto de uso masculino. En los ministerios, generalmente, ha sido la valija portadora de documentos o efectos de importancia, de esos que no se confían a cualquiera. Esas carteras son de hecho el símbolo del poder, hasta el punto de ser sinónimo de cada una de las partes funcionales de un gobierno, es decir de los ministerios.
Su post critica que la edecán porte eso que el diccionario define como “bolsa que usan las mujeres para llevar dinero, documentos, objetos de uso personal, etc”.
El problema por tanto estriba en la atribución que Cifuentes da al bolso de la Ministra y convierte en criticable la escena, desde el momento en que atribuye un uso diferenciado al objeto portado por la edecán, ya que al ser una cartera de “hechura femenina” se halla carente del simbólico de poder.
Estoy segura de que si la Ministra hubiese optado por llevar maletín en vez de un bolso, esta crítica no se hubiese producido. Al igual que tengo la certeza de que los maletines de muchos jactancioso caballeros, a veces, sólo portan el desayuno.
A Cifuentes le ha salido el sexismo por los poros y también esa alma derechona que insulta, clasifica, descalifica y se retuerce cuando no pueden acceder a sus distracciones imperiales.
Cualquiera comprende la importancia de unificar para los servicios de valor social un rango de números telefónicos cortos de rápido acceso y fácil memorización.
Estos números debe proporcionar atención las 24 horas del día, 365 días al año con carácter gratuito.
Amplitud horaria, especialización, gratuidad y fácil accesibilidad. Esto representa el 016 puesto en marcha para garantizar el derecho a la información reconocido en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
La puesta en marcha de este servicio por parte del Gobierno, debía hacerse sobre la premisa de evitar solapamiento y por tanto se ha promovido la firma de convenios o acuerdos con las Comunidades Autónomas para garantizar la cobertura informativa sobre prestaciones en cada territorio buscando rapidez, eficacia y simplificación de trámites.
La Comunidad de Madrid, es una de las Comunidades del PP que se ha resistido obcecadamente a firmar convenios o acuerdos en este sentido. Resulta inexplicable el porqué.
La situación es la siguiente: La Comunidad cuenta con el 012-Mujer teléfono que atendió en sus dos primeros años de vida unas 11.000 llamadas de las cuales el 75% eran referidas a violencia contra las mujeres.
El teléfono estatal 016 en su primer año y medio recibió 22.521 llamadas de la Comunidad de Madrid, es decir el doble.
Quizás un aspecto a considerar sobre este hecho es que el teléfono nacional cubre un horario de 24h, 365 días al año (8.904 anuales), mientras que el teléfono autonómico cubre sólo las 4.982 horas que computan su horario .
El 016 consiguió tener una mayor capacidad de penetración ya que el Gobierno de España convino con las televisiones generalistas para que estampasen ese número en todas las noticias sobre malos tratos, incorporó diversos idiomas para la atención o dispuso sistemas que permitiesen atender a personas con discapacidad sensorial.
No firmar el convenio, supone que las mujeres madrileñas no cuenten con una información actualizada, y por tanto veraz, sobre los derechos y servicios con que cuentan en esta comunidad autónoma. No firmar el convenio repercute negativamente en la atención a las víctimas.
Desde el Grupo Socialista del ayuntamiento de Madrid consideramos que no se puede restar importancia a esta cuestión. Ese ha sido el motivo por el que propusimos al Pleno del Ayuntamiento que asumiese el compromiso de pedir institucionalmente a la Comunidad que no dificulte a las víctimas de malos tratos el acceso a la información sobre los derechos que les asisten y los recursos de que pueden disponer.
El Pleno lo aprobó por unanimidad. Todos/as nos felicitamos y las mujeres usuarias lo agradecerán.
Si la Comunidad de Madrid se sirve de esta materia para hacer desgaste y oposición al Gobierno de España se equivoca. El obstáculo no se lo pone a Zapatero se lo pone a las mujeres madrileñas. En esta materia, la ciudadanía le exige a Esperanza Aguirre que abandone estrategias que ponen en riesgo derechos fundamentales y provocan desaliento en miles de mujeres. Necesitamos seriedad, compromiso y responsabilidad.
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(1)
(El horario de atención del 012-Mujer es de lunes a viernes de 8 a 22 horas, y sábados, domingos y festivos de 10 a 22 horas ininterrumpidamente).
Rosa Montero y lo políticamente correcto:
En su artículo “Hoministas” del martes 3, llama la atención que Rosa Montero esté tan poco actualizada en cuestiones de igualdad de género.
Al día de hoy, entre muchos hombres y mujeres con valores igualitarios, los grandes tópicos de lo políticamente correcto son precisamente que la igualdad nos permite rechazar cualquier discriminación positiva (con independencia de lo cruelmente tozudas que sean las estadísticas en temas de violencia); que plantearse nuevas masculinidades es condición suficiente para modificar la posición del poder masculino; que pedir la custodia compartida es ya un deseo genuino de padres ávidos y capacitados para ejercer una paternidad responsable, con independencia de lo que muestren la realidad y los estudios.
Lo que parece que se le escapa a la autora, es que al día de hoy, lo políticamente incorrecto entre los hombres “igualitarios”, es precisamente dudar de todas estas cuestiones, reflexionar sobre la realidad que subyace en el día a día y comprobar que esas afirmaciones en el mejor de los casos, sólo constituyen expresiones de deseos y en el peor, manipulaciones peligrosas para las mujeres.
Que las jóvenes deseosas de disfrutar por fin de vínculos igualitarios con los hombres, caigan en idealizaciones acerca de las nuevas masculinidades, vale. Que el topicazo de las mujeres insufribles y machistas sea utilizado por quienes así justifican su propio machismo, vale. Pero Rosa Montero no parece o no debería ser el caso.
Susana Covas
