Sin embargo, su exposición de motivos se cuida de eliminar la palabra Plan y se limita a instar al gobierno a contemplar la situación de los menores en cuantas iniciativas se lleven a cabo en este ámbito.
Llevar a la Comisión de Igualdad un texto declarativo que no cuenta con compromisos concretos y en el marco de unos presupuestos que no aportan recursos para apoyar a los organismos encargados de realizar la intervención, es una tomadura de pelo que solo busca el  titular.

A estas alturas del debate, hasta el PP sabe que todas las medidas contra la violencia de género, han de tomar en consideración el daño inferido a las mujeres y a sus hijos e hijas. Esta es una premisa sobre la que existe acuerdo conceptual y sobre la que se viene trabajando desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de género.

Los Planes de prevención de la violencia puestos en marcha por el gobierno socialista  incluyeron al conjunto de los menores como elemento central de la intervención preventiva y la Ley 1/2004, de manera expresa, marco un modelo de intervención integral que ha supuesto incorporar las intervenciones terapéuticas específicas con menores en los servicios de atención.

Esto ya se vine realizando, la ley lo exige y los centros de atención integral de las Comunidades Autónomas ya aplican programas de diagnóstico e intervención individualizada o grupal a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género que se hallan en acogimiento.

Pero hay que atender diferentes realidades: la de los menores residentes en los centros de tratamiento integral para víctimas de violencia de género y la de  los niños/as que aún viven con el victimario.

En el primer caso, es esencial identificar las necesidades específicas de los menores residentes en los centros de tratamiento integral y adecuar los sistemas de protección para evitar los ataques que ya vienen denunciando los centros de acogida.

Desde la aprobación de la Ley se vienen corrigiendo disfunciones, situaciones ilógicas y socialmente inadmisibles como el hecho de que los asesinos heredasen los bienes de sus víctimas. Toca corregir otras disfunciones cuando, comienza a trascender que hay centros denunciados por dar ayuda terapéutica a los menores, sin el consentimiento del progenitor agresor.

Estas son cosas que el Partido Socialista ve necesario acometer, y que ha detallado en una enmienda amplia, que huye de la abstracción, y que propone al gobierno cuestiones  tan específicas como la realización de  la valoración de riesgo para los/as menores y  la protocolización de planes de seguridad específicos para los valorados como casos de riesgo.

Estas medidas concretas, ayudarían a evitaran los denominados asesinatos o desapariciones de menores “por venganza”.

Caben muchas preguntas:

• ¿Por qué el Partido Popular vota en contra de estas iniciativas?
• ¿Por qué desprecia el consenso en materia de violencia de género?
• ¿Por qué trata de patrimonializar el protagonismo que corresponde a una sociedad concienciada y comprometida?
• ¿Cómo se explica el rechazo a las propuestas concretas?
• ¿Por qué el PP se niega a  incorporar las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo de Investigación sobre la Infancia del Observatorio Estatal?
• ¿Por qué el PP se niega  a  proteger a los/as menores haciendo que cuando exista condena firme por delito de violencia de género, esto conlleve la pérdida de la custodia de los hijos e hijas menores?
• ¿Por qué el PP evita apoyar una enmienda que nos llevaría a hacer  extensiva la Orden de Protección a los hijos e hijas junto con la de su madre?
• ¿Por qué el PP no acepta una enmienda que pide no aplicar la mediación familiar en los casos de violencia de género?
• ¿Por qué el PP no dota de recursos la asistencia psicológica a los hijos/as siempre que sea necesario?

La respuesta es desalentadora y peligrosa, pues supone  acomodarse en la política declarativa, que busca el titular, cuando lo que necesitamos es actuar con determinación, claridad y concreción.

Cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, se trata de proteger y garantizar las opciones que permitan decidir, libre y responsablemente, el número de hijos/as que se desean y determinar el intervalo entre embarazos. Esto implica el apoyo para aquellas mujeres que tras un embarazo inesperado optan por la maternidad, pero también, para aquellas otras que optan por no proseguir con el mismo.  Tanto el derecho a la maternidad como el derecho a la no-maternidad están recogidos en el catálogo  y por tanto, ambas forman parte de las opciones que el gobierno debe salvaguardar.

Hay cuatro aspectos reseñables:

1. Hace tiempo que la ciencia puso en manos de las mujeres la posibilidad de tomar las riendas sobre nuestra capacidad reproductiva y abrió un mundo de nuevas opciones para nosotras.
2. Hace tiempo que las mujeres hemos conquistado derechos que nos permiten tomar decisiones libre, informada y responsablemente.
3. Hace tiempo que los gobiernos europeos se sienten concernidos por esos derechos que les obligan a garantizar el acceso a métodos seguros y eficaces de regulación de la fecundidad.
4. Hace tiempo que en España, los socialistas hicimos realidad el acceso a los diferentes métodos anticonceptivos (incluido el aborto) que evitan que las mujeres seamos objetos abocados a un destino inapelable de continuas gestaciones.

Hoy, las españolas podemos decidir si deseamos, o no, tener hijas/os, el número de éstos y el intervalo entre los nacimientos.  Esto es esencial ya que todos sabemos, que la maternidad como opción libre es algo extraordinariamente bello y que la imposición de una maternidad no deseada, es una crueldad.

El ministro puede – y debe- incrementar los servicios de apoyo a las mujeres que quieran ser madres. Pero lo que no puede hacer, es engañar a la ciudadanía pretendiendo que la forma de proteger la libertad de las mujeres que quieren continuar su embarazo, implica privar a todas las que quieren interrumpirlo, de la libertad de decidir por sí mismas.

La victoria electoral de la derecha nos coloca frente al pasado, con un Partido Popular que quiere imponer una legislación más restrictiva que la del 1985. El Partido Socialista  de la mano de millones de hombres y mujeres que desean tomar decisiones libremente se opondrá frontalmente a una reforma que supondrá regresión de derechos, imposición de tutelaje y criminalización de las mujeres.

Desde el momento en que han comenzado a gobernar han cultivado gestos inequívocos de desprecio a la política de los derechos. Son incipientes pero clarísimos. Todo lo objetaran, nada van a dejar de revisar.

En el objetivo de sus políticas se halla el adelgazamiento de los principales instrumentos democráticos (partidos políticos y sindicatos) y el desmantelamiento de las estructuras organizativas de la sociedad civil. En definitiva, acabar con la conciencia social y sus instrumentos de acción. Lo harán aprovechando la coartada de una crisis.

Todo será revisado, todo se pondrá en cuestión. La crisis es la justificación perfecta para el cambio de paradigma, para el cambio de valores y para el estrangulamiento de las organizaciones que permiten que la ciudadanía se resista a la brutalidad del sistema. Un sistema que considera los derechos sociales como una rémora económica y los individuales una amenaza a sus tradiciones regresivas. Los primeros gestos en lo simbólico, y las primeras medidas en lo concreto, han ido en ese sentido.

En lo simbólico, Ana Mato, responsable del “ministerio social”  no quiso desperdiciar la ocasión de comenzar el revisionismo. Y entró con lo más duro: cuestionando precisamente los conceptos  que definen el origen de las brutales agresiones sexistas contra las mujeres. Dadas sus convicciones ideológicas es comprensible ya que actuará al dictado de la Jerarquía Católica, que será de facto  el lobby más influyente en su ministerio.

Rouco Varela ha debido enviar ya a la sede ministerial del Paseo del Prado el manual de actuación y mapa de ruta para estrangular a esos “perversos” movimientos sociales que se empeñan en dar a las mujeres las claves e instrumentos que les permiten hacerse con el control de sus cuerpos y sus vidas.

Parece que el lenguaje se ha manifestado como pieza clave para esa labor de gobierno. Si  Ana Mato difuminó de un plumazo la violencia machista,  Aznar no tardó en manifestar vivamente su negativa a feminizar el nombre de “alcalde”, instruyendo para que a su esposa no se la cite utilizando el femenino.

Los dirigentes del PP se posicionan así contra las recomendaciones de la Unesco, contra el Informe sobre el lenguaje no sexista del Parlamento Europeo, o contra la Orden de 22 de marzo de 1995, por la que se adecua la denominación de los títulos académicos y profesionales a la condición masculina o femenina de quienes lo obtengan… y por supuesto, contra el uso común que la sociedad y especialmente las mujeres, venimos haciendo del lenguaje.

Adrienne Rich, Eulália Lledó, Mercedes Bengohechea  y otras pensadoras han analizado minuciosamente el uso androcéntrico del lenguaje. Por ellas sabemos que el lenguaje es uno de los instrumentos coercitivos que configuran las sociedades sexistas. De ahí la importancia que las derechas dan a esta cuestión. Ellos saben, efectivamente, que el lenguaje es un elemento que condiciona nuestro pensamiento y  visión del mundo.

Lo usarán, por tanto, a modo de bisturí: usurparán términos para desvirtuarlos (igualdad);  atacarán con dureza conceptos esenciales para la comprensión de determinados comportamientos humanos (género);  ignorarán recomendaciones y serán activos para obstaculizar la adecuación de la lengua a las nuevas realidades. Y lo harán en aras a la cómoda economía lingüística, ridiculizando los nuevos usos e insultando –cómo no!- a sus promotores/as. ¿Quién se beneficiará de ello?  Tomemos nota.

La Historia nos presenta dos periodos.  Por un lado, el periodo en que los gobiernos progresistas alentaron las reformas legislativas básicas que equipararon legalmente a mujeres y hombres y que se desarrollo entre 1982 y 1996 y una segunda fase que ha tenido lugar durante los gobiernos de Jose Luis Rodriguez Zapatero y que ha supuesto el desarrollo de normas para acelerar el proceso y alentar el cambio del modelo social androcéntrico.

La primera, fue la etapa de equiparación de derechos. La segunda, de eliminación de obstáculos que impedían e impiden el desarrollo de los mismos.

Hemos entendido que no es suficiente tener reconocidos derechos. El reconocimiento  de derechos sin posibilidad cierta de poder ejercerlos es una falacia y un engaño. Comenzando el siglo XXI nuestro objetivo consiste en hacerlos efectivos.

Para nosotras la importancia de las leyes promovidas en el segundo periodo es esencial por ser leyes de impulso, leyes que enfrentan los obstáculos específicos derivados de un sistema social, económico y político que nos ha excluido históricamente.

Ya no nos conformamos con decir que hemos de tener el mismo salario por el mismo trabajo, ahora, identificamos qué impide que eso sea así y mas allá de proclamar la igualdad salarial, promovemos acciones que lo hagan efectivo y sobre todo que acorten el proceso hacia el objetivo marcado.

Ya no nos conformamos con proclamar la necesidad de que las mujeres formen parte de la representación política, en este periodo, hemos legislado para que el parlamento español máximo órgano de la representación popular sea paritario por ley.

Ya no nos conformamos con reclamar paridad política, somos conscientes de que este principio ha de regir en el mundo económico, empresarial, cultural, deportivo; es decir, en todas las esferas de la vida.

Las grandes líneas de actuación ya están establecidas. Tenemos ley de igualdad, de prevención de la violencia de género, de salud reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, tenemos un Plan nacional contra la trata y más allá de los que pudieran parecer normas específicas nos hemos dotado de una Ley de la Dependencia mientras avanzamos imparables, hacia un  proceso de universalización de la educación Infantil de 0 a 3 años. Estos últimos, instrumentos  son estratégicos para facilitar la conciliación corresponsable y facilitar, sin obstáculos, la incorporación de la mujeres al mundo del trabajo asalariado.

La cuestión ahora es que estas leyes cuenten con instrumentos que las desarrollen adecuadamente. Toda la estructura del Estado tiene que participar de la estrategia. He aquí la clave y el talón de Aquiles.. Marta Locatelli  nos indica que quienes hemos llegado hasta aquí, necesitamos conservar “las posiciones alcanzadas hasta ahora” para que “las niñas no tengan que comenzar por donde comenzaron sus madres en cuanto a la necesidad del feminismo y a la elaboración de sus intereses y estrategias”.

Tenemos responsabilidad hacia las generaciones futuras, es nuestra responsabilidad no dejar demasiadas cargas a las próximas generaciones de mujeres. Por eso, es preciso rearmarse frente a una derecha que amenaza con recortes a la ley del aborto, alimenta estrategias contra la ley de igualdad, objeta a educación para la ciudadanía y en el colmo de la degradación, rompe el consenso en materia de violencia de género.

Tenemos responsabilidad hacia las generaciones futuras, por eso, necesitamos mantener las posiciones, anclar lo conseguido y cimentar la igualdad como práctica social incuestionable.

Los éxitos políticos del FEMINISMO forman ya parte de los valores democráticos y no admite, por tanto, una crítica integral. El Vaticano consciente de que las sociedades democráticas tienen poca tolerancia hacia un sexismo hostil y dado que no cabe un enfrentamiento abierto y sin matices, queda obligado a asumir parte de la teoría viendose obligado a construir una corriente discursiva.

Pero el “nuevo-feminismo” vaticano es en realidad un contramovimiento que se construye contra las teorías sociales que permiten desvelar las normas, representaciones, ideas y comportamientos que se han ido construyendo socialmente como “naturales” y atribuidos a las diferencias biológicas de los sexos[1]. Lo enmarcan, además, en un sistema dual bueno-malo.

Su feminismo bueno lo circunscriben a la reivindicación de la igualdad formal y lo aderezan con pizcas de un “orgullo femenino” que le ofrece el feminismo de la diferencia que considera nocivo para las mujeres cualquier empeño por cuestionar las “exigencias biológicas” negando por tanto las  asignaciones construidas culturalmente.

Lo contraponen y enfrentan a un feminismo malo al que identifican con el feminismo analítico que cuestiona las normas y estrategias coercitivas que imponen el modelo social androcéntrico. Identifican, por tanto, la categoría analítica del Género como el elemento perverso que permite contravenir su concepción de la construcción social y simbólica de los hombres y las mujeres sobre la base de la diferencia sexual. En sus escritos lo denominan como “ideología del género” o “ideología de la muerte”.

El “nuevo feminismo” vaticano,  trabaja activamente para contrarrestar los avances de las mujeres ya que según ellos esta ideología supone “la Revolución Cultural más profunda y dramática de toda la Historia de la Humanidad”[2].

Sus alegatos analizan y contra-argumentan los textos clásicos del feminismo y concluyen con  apocalípticas descripciones como las del obispo de Castellón-Segorbe que ha expresado que detrás del término Género

“se esconde una ideología malévola que busca abrirse paso en las conciencias para instalarse en nuestra cultura, cada vez más andrógina o unisex. Se trata, en definitiva, de una revolución extrema: lograr una cultura nueva, o contracultura, que excluya el matrimonio, la maternidad, la familia, y acepte todo tipo posible e imaginable de práctica sexual”. [3]

Según este apologeta religioso “en España estamos sufriendo, cada vez más, las consecuencias de esta perversa ideología”, cosa que según él, “se refleja en el talante de nuestros gobernantes y en las reformas legislativas que pretenden aprobar” haciendo referencia a la nueva ley de matrimonios, la enseñanza en las escuelas de pautas comunes para poder convivir como buenos ciudadanos/as o la ley de salud sexual y reproductiva.

Su beligerancia es tal que a través de la Instrucción Pastoral “ORIENTACIONES MORALES ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL DE ESPAÑA” la Conferencia Episcopal identifica el apoyo gubernamental a lo que ellos laman “ideología de género” como uno de los principales problemas que afrontan los valores católicos en España.

Parece evidente que el boicot, resistencia y acciones de contra-movimiento, hacia los procesos sociales que están tratando de transformar pautas y patrones culturales sexistas, están orientados por la Iglesia Católica y que son sus reflexiones y argumentaciones las que alimentan las acciones y posicionamientos de las políticas conservadoras en materia de igualdad. El rechazo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía es paradigmático y especialmente grave desde la perspectiva de la Igualdad de Oportunidades ya que, significa la obstaculización a una de las estrategias gubernamentales para acelerar el avance de la igualdad de las mujeres.

La reciente oposición del PP a la iniciativa legislativa que trata de impulsar juegos no sexistas en los colegios pone en evidencia la concreción de sus resistencias a los cambios a favor de la igualdad.[4]

Hay dos niveles de ataque:

• Uno al conjunto de las mujeres al ser las principales perjudicadas de su modelo; un modelo que se construye sobre la limitación de nuestros derechos y expectativas.
• El otro va dirigido a las activistas que son expuestas a la eterna estrategia de burla, ninguneo, ultraje y humillación por parte de los neoconservadores. Tenemos muchos ejemplos en España del menosprecio a las políticas públicas de igualdad y de embestidas hacia quienes trabajan activamente a favor de esas políticas.

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A pesar de todo, moneda de cambio

Para las religiones, las mujeres no somos sujetos morales con capacidad de actuar responsablemente y por tanto queda justificada la tutelada de los varones y el control de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Ese control se sigue cimentado, en algunas partes del mundo, imponiéndonos leyes religiosas basadas en supuestas voluntades divinas, en otros  lugares demandando y atribuyéndonos comportamientos sujetos a la biología.

En general, las religiones se convierten en garantes de la tradición androcéntrica y por eso es esencial en nuestras agendas la pugna para que el establishment religioso pierda su capacidad de influencia hacia al poder político. Debemos interactuar de manera más resuelta a favor de un estado laico ya que ésta es una condición necesaria para que las mujeres del mundo podamos traspasar las fronteras de culturas que amparan prácticas que violan nuestros derechos fundamentales.

La reflexión feminista ayudó a desentrañar su sistema de creencias y a evidenciar las consecuencias  políticas del mismo, por tanto no es de extrañar que el Vaticano e ideólogos  a su dictado haya identificado y señalado lo que ellos denominan “la ideología del género” como enemigo a batir en el plano conceptual y organizativo. Esto es así hasta el punto de que existen grupos llamados a “estudiar y analizar en profundidad esta situación para poder darla respuesta seria, sistemática y planificada”[5].

Todas las religiones identifican el feminismo como un elemento hostil a sus intereses. Quizás ninguna otra ideología ha desentrañado con tanta precisión sobre que pilares sustentan su poder. Dependiendo de la parte del mundo en que estemos veremos que tratarán de enajenar nuestros derechos o de frenar el ritmo de nuestros avances.

Para nosotras construir alianzas de defensa de los derechos adquiridos es esencial, pero, habrá dificultades para cimentarlas ya que en estos tiempos convulsos muchos/as tratarán de moderar nuestras reivindicaciones como ofrenda que apacigüe la virulencia de los integrismos. No en vano las mujeres siempre hemos sido moneda de cambio.

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[2] Grupo de trabajo Grupo Juan Pablo II

[3] Congreso Internacional de la Familia.

[4] Proposición no de Ley registrada por el Grupo Socialista y enmendada por CiU en la que se pide al Ejecutivo que se elaboren e impulsen protocolos de juegos no sexistas para que se implanten y desarrollen en los espacios de juego reglado y no reglado en los colegios públicos y concertados de Educación Primaria, en colaboración con las comunidades autónomas.

[5] ttp://www.esposiblelaesperanza.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=4

Las convocatorias habitualmente se publican en primavera y se resuelven en unos tres meses. Esto significa que las ONGs tienen medio año para poder realizar las actividades.

Concha Dancausa que se especializó en el arte de ahogamiento y defenestración de ONGs desde su paso por el Instituto de la Mujer, comenzó su tarea nada más aterrizar en el Ayuntamiento de Madrid. En el caso de las subvenciones a proyectos de promoción de la igualdad y el empleo, su antecesora Ana Botella, de la mano de Asunción Miura como Directora General, fue capaz de sacar en tiempo y forma todas las convocatorias. Concepción Dancausa, de la mano de Rocío de la Hoz, realiza una gestión chafallona y se parapeta en la excusa inverosímil siendo incapaz de cumplir un solo plazo desde que llegó al Área de Familia y Asuntos Sociales.

Sirva de ejemplo el gráfico adjunto donde queda constancia de la dilación reincidente entre las convocatorias y resoluciones de uno y otro equipo para resolver la citada convocatoria (de 3 a 9 meses).

Todos/as sabemos que las ONGs son proveedoras de asistencia y que palian las necesidades de atención de muchas personas cuyas carencias no encuentran respuesta en los servicios sociales municipales. Sabemos que sin su trabajo continuo, desinteresado y responsable no existirían suficientes recursos asistenciales para cubrir las necesidades sociales del municipio. No en vano, en la ciudad de Madrid, la mayoría de las derivaciones a los recursos que gestionan las  ONGs las realizan los servicios sociales municipales.

En Madrid las ONGs de mujeres han trabajado en 2009 con un total de 50.00 mujeres,  16.502 fueron orientadas y ayudadas para una eficaz búsqueda de empleo, mientras que a través de los 14 programas subvencionados para la atención a la violencia de género, han intervenido con 7.220 usuarias en materia de prevención, atención integral a mujeres e hijos/as, trata de mujeres o agresiones sexuales.

Faltan 52 días para que acabe el año y el Ayuntamiento de Madrid  y el PP prepara una estafa en toda regla, un engaño medido ya que pretende amortizar un ejercicio completo publicando a escasos días de finalizar el año una convocatoria que no podrán resolver en este ejercicio. Administrativamente constará que han convocado en 2010, pero de facto, serán las de 2011. Al estilo trilero el PP se habrá saltado un año completo y consumado un fraude que pasará desatendido durante la vorágine electoral de la primavera de 2011.

El PP no dió respuesta en el Pleno municipal a las demandas del PSOE y eludió pronunciarse  respecto a la convocatoria de 2011. Ese silencio nos permite hacer un pronóstico de fraude y de aprovechamiento ilegítimo por su parte del trabajo realizado por las ONGs ya que mayoritariamente ya han realizado la actividad y se han endeudado al prestar bajo credito los servicios que el Ayuntamiento de Madrid no les pagará.

Ahogan con descaro porque para la derecha, estas organizaciones son grupos que incomodan salvo que perternezcan, por ejemplo, al espectro de las que se lanzan apasionadamente a criminalizar a las mujeres que quieren planificar su maternidad. Para esas, siempre encontraran alguna partida presupuestaria.

La indignidad se abre paso con el escudo del “todo vale” mientras que el fango de la descalificación se ampara en la libertad de expresión para sobrepasar los limites de forma sistematica.

Quizas sea preciso llamar las cosas por su nombre y tirar de diccionario para describir al alcalde de Valladolid recurriendo al habla llana de la calle para decir, sin contemplaciones, que “este alcalde es un capullo indigno, un misógino y un agresor sexista”.

Pero reconozco que para mi, lo más escandaloso de lo que viene ocurriendo con estas agresiones verbales sistematicas, lo grave ante este rosario de agravios y esta retaila de injurias, es que las mujeres del PP permanezcan calladas y silenciosamente complices ante la ofensa sexista.

Lo grave es que con su silencio consientan el improperio, y permanezcan impasibles a la invectiva machista.

Se equivocan con su silencio por que, al fin y al cabo, estos personajes piensas lo mismo de ellas.

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PD: Creo que este señor era -o es- ginecólogo … ¿quien se atreverá a ponerse en sus manos?. Buaggg!!! que asco!!!!

Es evidente, que esta iniciativa es necesaria para sumar esfuerzos contra el negocio de las organizaciones mafiosas dedicadas al comercio sexual.

La suma a este compromiso esta siendo lenta pero constante. La corriente de responsabilidad social en esta materia la inicio el diario gratuito 20 minutos, que renuncio a los anuncios de contactos sexuales. Le han seguido el diario Público y La Razón, así como algunos otros de tirada regional.

El hecho de que la publicación de anuncios de contactos no sea una actividad expresamente prohibida por nuestro ordenamiento jurídico, no obsta para que la forma o modo en el que se publicitan dichos anuncios sí pueda contravenir la normativa vigente. Los medios son conscientes de esta realidad hasta el punto de que en los últimos meses tras la apertura de este debate social han comenzado a evitar fotos demasiado explicitas y han pasado a difuminar los rostros –muchas veces infantiles- que plagaban sus paginas, en un intento por eludir incurrir en lo estipulado por la ley de Igualdad para la publicidad ilícita .

Ellos saben que están en el límite, saben que sus anuncios coadyuvan a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Por tanto hemos de decirles que se trata de que adquieran un compromiso con la sociedad española y renuncien a la publicidad de comercio sexual, por que es una publicidad socialmente no deseable.

Es preciso que una sociedad moderna deje de parapetarse sobre argumentos de necesidad y que como San Agustín pretenden vendernos la idea de que gracias a la prostitución “se podrá preservar la honestidad de las casadas y la virginidad de las solteras”. Este pensamiento arraigado en el ADN colectivo es injusto y esconde mucha violencia  tras de si.

Los medios han de tomar conciencia de que favorecer la Igualdad pasa también por afrontar este debate siendo conscientes de que la cultura y la tradición se manifiestan en estereotipos y costumbres que con demasiada frecuencia son discriminatorias, ilícitas, excluyentes y que se sostienen de forma violenta. Tenemos demasiadas prácticas y demasiadas costumbres que obstaculizan el avance de las mujeres.

Debemos enviar a los medios el mensaje de que la supresión de publicidad  tendrá un impacto positivo para la sociedad. Junto a la filosofa Ana de Miguel, hoy  podemos decirles a los medios que la publicidad que pone un cuerpo como objeto de consumo, de alquiler, de venta deforma todas las relaciones entre hombres y mujeres y que tarde o temprano todos pagamos un precio por deformar así las relaciones entre los sexos.

Fue un desafío que celebramos muchas mujeres. En general, celebramos y apreciamos estos pequeños gestos que representan la revuelta femenina contra unas jerarquías religiosas que condicionan la vida de miles de mujeres en cualquier parte del mundo.

Fue un desafío porque expresó, consciente y militante, su rechazo a la imposición de una prenda que la argelina Wassyla Tamzali ha denominado “el símbolo del sometimiento de las mujeres”.

Sabemos que es preciso poner límites a las tradiciones cuando estas atentan contra los Derechos Humanos, y por tanto, la primera reflexión reclamaría identificar qué prácticas son instrumento de dominación de determinado colectivo, grupo, o sexo. Mujeres como Tamzali saben que “se empieza por taparse el cabello y se continúa por no poder ser tratada por un médico”.
Las tradiciones que segregan son intolerables en una sociedad democrática. En Madrid lo sabemos muy bien y por eso denunciamos lo que la “in-liberal”  Aguirre hace cuando financia generosamente colegios religiosos del Opus Dei que separán a los alumnos por sexos.
En España miles de niñas y mujeres hemos sufrido el adoctrinamiento en las escuelas católicas y hemos exigido liberarnos de sus dogmas restrictivos. Es desde esa misma posición como debemos manifestarnos en relación al uso del velo en las escuelas.

Lo explicó muy bien Wassyla Tamzali en el “Feminario sobre Derechos Humanos de las Mujeres” cuando nos hacia reflexionar sobre el hecho de que, para nosotras, como principales víctimas de las autocracias religiosas en cualquier parte del mundo, no vale el argumento que “teme que se estigmatice al Islam”. No valen alharacas de mala conciencia ya que en occidente quienes luchamos por los Derechos Humanos de las Mujeres lo hemos hecho sin temor a “estigmatizar al cristianismo”.

En este tema, es más urgente plantearnos el apoyo a las mujeres que no quieren ir cubiertas u ocultas -y a las que se imponen esas prácticas- que defender los argumentos de algunas jóvenes musulmanas que usan el velo como “respuesta de resistencia a la cultura dominante”. Lo usen como lo usen  el significado que tiene lo aporta Eugenio del Río cuando indica que  “el pañuelo escinde, segrega, asigna un papel menor, inferioriza. El hiyab no es una prenda unisex; es un atuendo específicamente destinado a las mujeres; es una marca”.

Por tanto, no nos distraigamos y evidenciemos que por un lado Aguirre con su apoyo a los colegios del apartheid de género y por otro quienes promueven sin espíritu crítico el respeto al uso del velo, se alinean a favor de elementos normativos que impiden vivir la igualdad en un espacio mixto de -y para- hombres y mujeres.