El grupo socialista del Ayuntamiento de Madrid ha puesto en evidencia datos de las memorias de atención a las victimas de violencia de género muy preocupantes. Son los siguientes: A lo largo de 2010, la Comunidad de Madrid derivo 2.333 mujeres con Orden de Protección a los servicios de apoyo psicosocial de que dispone el Ayuntamiento de la capital de España. Esa derivación supone confiar al Ayuntamiento de Madrid la responsabilidad sobre un aspecto que le compete en el marco de las responsabilidades que la Ley Integral contra la violencia de género, deposita en Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales: la asistencia social integral a las víctimas.

Tan solo 595  de estas madrileñas con Orden de Protección aceptaron recibir ayuda psicosocial.

Desde el Grupo Socialista nos hemos preguntado: ¿Qué hace que el año pasado, en la ciudad de Madrid el 73,2% de mujeres con Orden de Protección desistiesen de recibir asistencia psicológica, seguridad y apoyo para la salida de la relación violenta?.

¿Qué ocurre para que en un municipio con un importante catálogo de servicios para la recuperación y reparación del daño, las renuncias sean tan elevadas?.

La respuesta no es sencilla, pero el Ayuntamiento no debe mirar para otro lado y limitándose a la  oferta de prestaciones. El Ayuntamiento, debe garantizar la eficacia de los servicios y cuando se evidencia incapacidad para conseguir los resultados esperados, han de valorarse los programas y proceder a mejorar las respuestas institucionales.

Quienes trabajan en esta materia conocen que las redes de apoyo se enfrentan a los miedos y obstáculos que paralizan a las víctimas de la violencia. Los/as profesionales especializados conocen bien el catálogo de elementos paralizantes que impiden que las mujeres se comprometan activamente con su recuperación y no cabe por tanto enumerarlos prolijamente, aunque quizás sea bueno recordar que son muchos y se extienden, desde los aspectos de atribución causal, hasta las secuelas psicológicas provocadas por el maltrato. En ese repertorio caben también las falsas creencias o valores de tipo cultural, religioso o familiar y por supuesto las circunstancias de tipo laboral, económico o de carencia de recursos.

A Gallardón le compete afrontar el conocimiento de las causas que desencadenan ese hecho en Madrid, sin escudarse como hace Concha Dancausa y su Directora General en “que las mujeres hacen uso de su libertad al rechazarlos”(sic). No debería ser necesario recordarles que precisamente la palabra libertad es de las pocas que no aparecen en el catálogo de las causas de capitulación ante la violencia.

Muchas personas han creído, ante muchas de las resignadas reacciones de las víctimas, que estas “toleran” y “transigen” con la violencia. Pero hace ya mucho tiempo, quien busco respuestas para conocer los motivos que llevaban a  las mujeres a “acomodarse” a la violencia encontró respuestas que llevaron a definir la ”indefensión aprendida”  y otros comportamientos adaptativos de supervivencia. Esos hallazgos explicativos permitieron avanzar en la eficacia de las intervenciones.

Cuando desde el Grupo Socialista hemos reclamado a Gallardón, realizar un análisis de los perfiles de abandono de cara a contrarrestar los obstáculos que disuaden a las mujeres de implicarse en el proceso de recuperación y reparación del daño, estamos  demandado compromiso para avanzar activamente contra la violencia y sus secuelas.

Pero en el colmo de la procacidad el PP madrileño de Concha Dancausa, elude responsabilidades, hace dejación de competencias y se despacha con la persistente matraca de atribuir al Gobierno de España la responsabilidad de hacer aquello que, como en este caso, compete a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.  Sea como sea el hecho es que Gallardón ha rechazado analizar esta situación y, al hacerlo, desliga al Ayuntamiento del compromiso que la sociedad madrileña le exige para frenar esta barbarie, se desliga de los consensos, limita el esfuerzo para frenar esta violencia y se pone en un lugar difícilmente calificable.

Las convocatorias habitualmente se publican en primavera y se resuelven en unos tres meses. Esto significa que las ONGs tienen medio año para poder realizar las actividades.

Concha Dancausa que se especializó en el arte de ahogamiento y defenestración de ONGs desde su paso por el Instituto de la Mujer, comenzó su tarea nada más aterrizar en el Ayuntamiento de Madrid. En el caso de las subvenciones a proyectos de promoción de la igualdad y el empleo, su antecesora Ana Botella, de la mano de Asunción Miura como Directora General, fue capaz de sacar en tiempo y forma todas las convocatorias. Concepción Dancausa, de la mano de Rocío de la Hoz, realiza una gestión chafallona y se parapeta en la excusa inverosímil siendo incapaz de cumplir un solo plazo desde que llegó al Área de Familia y Asuntos Sociales.

Sirva de ejemplo el gráfico adjunto donde queda constancia de la dilación reincidente entre las convocatorias y resoluciones de uno y otro equipo para resolver la citada convocatoria (de 3 a 9 meses).

Todos/as sabemos que las ONGs son proveedoras de asistencia y que palian las necesidades de atención de muchas personas cuyas carencias no encuentran respuesta en los servicios sociales municipales. Sabemos que sin su trabajo continuo, desinteresado y responsable no existirían suficientes recursos asistenciales para cubrir las necesidades sociales del municipio. No en vano, en la ciudad de Madrid, la mayoría de las derivaciones a los recursos que gestionan las  ONGs las realizan los servicios sociales municipales.

En Madrid las ONGs de mujeres han trabajado en 2009 con un total de 50.00 mujeres,  16.502 fueron orientadas y ayudadas para una eficaz búsqueda de empleo, mientras que a través de los 14 programas subvencionados para la atención a la violencia de género, han intervenido con 7.220 usuarias en materia de prevención, atención integral a mujeres e hijos/as, trata de mujeres o agresiones sexuales.

Faltan 52 días para que acabe el año y el Ayuntamiento de Madrid  y el PP prepara una estafa en toda regla, un engaño medido ya que pretende amortizar un ejercicio completo publicando a escasos días de finalizar el año una convocatoria que no podrán resolver en este ejercicio. Administrativamente constará que han convocado en 2010, pero de facto, serán las de 2011. Al estilo trilero el PP se habrá saltado un año completo y consumado un fraude que pasará desatendido durante la vorágine electoral de la primavera de 2011.

El PP no dió respuesta en el Pleno municipal a las demandas del PSOE y eludió pronunciarse  respecto a la convocatoria de 2011. Ese silencio nos permite hacer un pronóstico de fraude y de aprovechamiento ilegítimo por su parte del trabajo realizado por las ONGs ya que mayoritariamente ya han realizado la actividad y se han endeudado al prestar bajo credito los servicios que el Ayuntamiento de Madrid no les pagará.

Ahogan con descaro porque para la derecha, estas organizaciones son grupos que incomodan salvo que perternezcan, por ejemplo, al espectro de las que se lanzan apasionadamente a criminalizar a las mujeres que quieren planificar su maternidad. Para esas, siempre encontraran alguna partida presupuestaria.

Pues eso: Absueltas a pesar de las manipulaciones que pretendieron inputarnos falsos ataques a la autoridad.

La Audiencia Provincial dice que “existen serias dudas sobre la realidad de las palabras insultantes atribuidas a Álvarez, lo que conduce a su absolución”. Lo más reseñable es que  como indica la propia sentencia,  “resulta más que dudoso que un miembro de una Corporación municipal elegida democráticamente no pueda entrevistarse con los ciudadanos a los que representa para mediar en un conflicto”.

La presencia de Paz Martin y la mia atendia a la demanda de un grupo de padres y madres que solicitaron nuestra intervencion en sus demandas y reivindiacciones  de mejoras en una escuela infantil frente a un gobierno del Partido Popular que intento siempre presionar y amedrentar a las madres que se encerraron en el Centro y a las que mantuvieron sin permitirles acceso a alimento durante casi 36 horas.

Tanto Paz Martin como yo misma volveriamos a acudir en defensa de los/as ciudadanos/as que demandaron nuestra presencia en sus reivindicaciones .

¡¡Gracias a quienes siempre supieron que actuamos en defensa de esos derechos desde el respeto a los agentes de la autoridad pero sin sumisión a actuaciones injustas del alcalde del PP.!!

Es evidente, que esta iniciativa es necesaria para sumar esfuerzos contra el negocio de las organizaciones mafiosas dedicadas al comercio sexual.

La suma a este compromiso esta siendo lenta pero constante. La corriente de responsabilidad social en esta materia la inicio el diario gratuito 20 minutos, que renuncio a los anuncios de contactos sexuales. Le han seguido el diario Público y La Razón, así como algunos otros de tirada regional.

El hecho de que la publicación de anuncios de contactos no sea una actividad expresamente prohibida por nuestro ordenamiento jurídico, no obsta para que la forma o modo en el que se publicitan dichos anuncios sí pueda contravenir la normativa vigente. Los medios son conscientes de esta realidad hasta el punto de que en los últimos meses tras la apertura de este debate social han comenzado a evitar fotos demasiado explicitas y han pasado a difuminar los rostros –muchas veces infantiles- que plagaban sus paginas, en un intento por eludir incurrir en lo estipulado por la ley de Igualdad para la publicidad ilícita .

Ellos saben que están en el límite, saben que sus anuncios coadyuvan a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Por tanto hemos de decirles que se trata de que adquieran un compromiso con la sociedad española y renuncien a la publicidad de comercio sexual, por que es una publicidad socialmente no deseable.

Es preciso que una sociedad moderna deje de parapetarse sobre argumentos de necesidad y que como San Agustín pretenden vendernos la idea de que gracias a la prostitución “se podrá preservar la honestidad de las casadas y la virginidad de las solteras”. Este pensamiento arraigado en el ADN colectivo es injusto y esconde mucha violencia  tras de si.

Los medios han de tomar conciencia de que favorecer la Igualdad pasa también por afrontar este debate siendo conscientes de que la cultura y la tradición se manifiestan en estereotipos y costumbres que con demasiada frecuencia son discriminatorias, ilícitas, excluyentes y que se sostienen de forma violenta. Tenemos demasiadas prácticas y demasiadas costumbres que obstaculizan el avance de las mujeres.

Debemos enviar a los medios el mensaje de que la supresión de publicidad  tendrá un impacto positivo para la sociedad. Junto a la filosofa Ana de Miguel, hoy  podemos decirles a los medios que la publicidad que pone un cuerpo como objeto de consumo, de alquiler, de venta deforma todas las relaciones entre hombres y mujeres y que tarde o temprano todos pagamos un precio por deformar así las relaciones entre los sexos.

Las organizaciones sociales realizan gran parte de la atención social y se constituyen en esenciales a la hora de afrontar realidades que las administraciones se ven incapaces de atender. En el caso de las políticas de igualdad los ejemplos son amplios y abarcan cuestiones que van desde la prevención y recuperación en casos de violencia de género,  hasta el fomento de la inserción laboral o el apoyo a la creación de empresas.

Estas organizaciones realizan labores de gran valor social con apoyo financiero de las administraciones -es decir, con dinero de los impuestos de todos los ciudadanos- y aportando muchas horas de trabajo voluntario.

El Ayuntamiento de Madrid de Ruiz-Gallardón, esta aprovechando esta época de ajustes para justificar su habitual e histórico derroche, para camuflar su mala gestión y por supuesto para  asestar el golpe de gracia a todo lo que no le gusta y no controla. En esa tesitura se encuentra los “super-retrasos” en el pago de subvenciones a más de 14 ONGs que trabajan en intervención social con mujeres.

En estos momentos 14 organizaciones que trabajan en apoyo a victimas de violencia  e inserción laboral de mujeres ven peligran los programas y la propia supervivencia de las organizaciones como consecuencia de meses de retraso en la liquidación de las  subvenciones concedidas. El 29 %, es decir 447.000 euros, del total de la partida está pendientes de pago.

A modo de ejemplo: el impago supone que solo en el “Programa Ayuda a mujeres para hacer frente a situaciones de violencia en el ámbito familiar y laboral”, 400 mujeres que anualmente reciben terapia para favorecer la recuperación integral en casos de violencia vean peligrar la atención.

Ayer iniciamos una ronda de visitas a estas asociaciones. Mientras las Juntas Directivas estudian la solicitud de créditos con intereses superiores al 8%, las usuarias muestran angustia ante la presumible desaparición de los programas que las ayudan.

En el Ayuntamiento de Madrid la delegada Concepción Dancausa se ha convertido en el paradigma de la falta de interés y el desprecio al trabajo de las organizaciones de mujeres. Representa el tarde, mal y nunca. La cuestión es que hay quien piensa que es asunto de incompetencia en la gestión administrativa pero conociendo el historial de este equipo que Dancausa trajo al Ayuntamiento de Madrid estoy convencida de que es estrategia de ahogamiento.

Hoy mismo, alguna organización estudia reajustes y despidos, otras  nos comentan que -con mucha probabilidad- se verán obligadas a devolver las subvenciones como consecuencia de las condiciones imposibles a que Dancausa las somete.  Una tercera nos indica que desde la Hacienda municipal les han dicho que “si cobráis será un milagro”.

El caso de la cooperación al desarrollo es aún más delirante. Aquí no se han conformado con el recorte, han pasado a la defenestración absoluta. La cuestión es que por incompetencia, o por estrategia de asfixia, el PP  tiene en el precipicio a miles de usuarios/as de programas preventivos y de atención relacionados con la violencia de género e inserción sociolaboral en el Ayuntamiento de Madrid.

Sea como sea  (y por lo que sea)  el resultado final es que Gallardón & Dancausa haciendo que parezca  una actuación asociada a la situación de crisis optan por abandonar políticas sociales imprescindibles, dejan a la suerte del sexismo a adolescentes y mujeres y condenan a gran parte del movimiento asociativo a la precariedad y la asfixia. Tan pronto pueden se quitan las caretas.

La dotación presupuestaria bianual para estos apoyos fue en 2008-09 de 1.770.000€ mientras que para 2010 -11 se ha reducido a 743.142 euros, lo que supone un decremento del 58%.
Gallardón además lo hace por la puerta de atrás ya que tras haber aprobado las prórrogas correspondientes a los tres lotes con una dotación presupuestaria similar a la de ejercicios anteriores, posteriormente en las Junta de Gobierno del 23 de diciembre de 2009 y del pasado 11 de febrero modificó los contratos administrativos haciendo un recorte inoportuno y que estratégicamente enfoca mal -muy mal- las estrategias de apoyo a la autonomía económica de las mujeres paso básico, elemental y primario y que condicio0na otros aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades.
Estos recortes presupuestarios responden a la desgana y falta de compromiso que el Ayuntamiento de Madrid manifiesta para con la situación de las mujeres madrileñas y pone en evidencia que la situación de las mujeres esta muy lejos de ser prioridad del PP.

Además, al tijeretazo se suma una sistemática reducción presupuestaria a las políticas de igualdad. Para rematar, en 2010 Gallardón tiene previsto reducir el número de atenciones a mujeres víctimas de violencia de género, a familias monoparentales y las atenciones previstas en el Plan Municipal contra la Explotación Sexual.

Esto no es una opinión lo dicen claramente los indicadores presupuestarios que Gallardón aprobó con una mayoría absoluta y que es absolutamente inicua para los problemas que enfrentan las mujeres madrileñas.

Manifiesta su compromiso de trabajar para fomentar la autonomía de las mujeres y legitimar sus preferencias sobre cuestiones sanitarias, personales o de cualquier otra índole.

….por tanto la declaracion de este año dejará claro con lo que no se compromete.

Creo que el autor  de la planificación y ubicación del mobiliario urbano estuvo en la Universidad y tiene titulación…  es sorprendente.

El sentido común es a veces más eficaz. La responsabilidad de tanta incompetencia es del equipo de Gallardón ya que sería suficiente con que se limitasen a aplicar la normativa nacional existente.

Dense una vuelta por la plaza más frecuentada de España y observen … ¡no es justo que tengamos que acarrear  las molestias cotidianas de una gestión tan incompetente !

Publicado en MadridDiario

El Ayuntamiento de Gallardón cuenta con un Área de Familia y Servicios Sociales que, como muchos otros ayuntamientos, convoca anualmente subvenciones a favor de entidades e instituciones sin ánimo de lucro que, por ejemplo,  dan apoyo a personas en manifiesto riesgo de exclusión social, apoyan a mujeres víctimas de violencia o refuerzan intervenciones en el ámbito sanitario o del empleo.

A la hora de resolver en plazo, la Delegada del Área de Familia y Servicios Sociales, ha incumplido la norma en seis de las once convocatorias de subvenciones a estas entidades sociales: Igualdad, Servicios Sociales, Mayores, Voluntariado, Familia e Infancia y Convivencia Social e Intercultural.

Este incumplimiento supone que las organizaciones no saben a mediados de noviembre si contaran con apoyo financiero para desarrollar programas que tienen que justificar el 31 de Diciembre.
Resulta obsceno, administrativamente hablando, que en la Dirección General de Igualdad con un acomodado equipo de 47 cargos directivos de nivel 28 y superior que cobran más de 3.187.867 euros anuales no sean capaces de gestionar, ¡en seis meses!, sus propias convocatorias.

Las organizaciones con programas que han de desarrollarse a lo largo de 3 o 4 meses no saben si le serán aceptada la ampliación para el desarrollo de los programas y es probable que algunas se vean obligadas a renunciar a la subvención como consecuencia de la mala gestión de la administración municipal.
Son Organizaciones que resuelven problemas en beneficio de muchos ciudadanas/os y por tanto se merecen que un asunto menor en la gestión administrativa no las ahogue.

Lo sorpréndete es que Concepción Dancausa suelte a una Directora General -más ocupada en buscar la estimación de su mentora que en gestionar adecuadamente su departamento-, a decirnos, a los socialistas, que hacemos “agitación y propaganda” cuando exigimos que cumpla una normativa que da garantías a las ONG´s.  Para ella también es agitación exigir que se tomen medidas para que no vuelvan a producirse situaciones inquietantes para las organizaciones y sus actividades.

Cuando una administración pública no respeta sus propias reglas y no se sujeta a normas, somete a los ciudadanos a la arbitrariedad, la ilegalidad, la parcialidad, el abuso de autoridad y el atropello.

El Ayuntamiento de Madrid está en esa situación administrativa caótica, trata con displicencia o manifiesto desprecio a los ciudadanos/as, dificulta sistemáticamente a la oposición la información sobre el uso de los recursos públicos y está en un permanente ejercicio por evitar rendir cuentas.

Hoy el PP de Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid, supone un paso atrás en la aplicación de un verdadero enfoque ciudadano en la gestión pública. Esta declaración es evidente y demostrable.

VALENCIA, 31 (EUROPA PRESS)

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, sugiere a los profesionales que trabajan en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) no utilizar el Síndrome de Alineación Parental, al no estar reconocido ni avalado por ninguna asociación profesional ni científica.

Asimismo, entiende que su utilización es “contraria al espíritu de la Ley contra la Violencia de Género y, sobre todo, a la consideración y prudencia que requieren los menores de sus reacciones emocionales, sobre todo, si han padecido la vivencia de violencia familiar y, en este sentido, la extrema atención a la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia”.

El Defensor del Pueblo de la Comunitat hace esta sugerencia, con fecha 27 de octubre, tras una queja formulada por una madre en la que relataba una serie de “irregularidades” en el Punto de Encuentro Familiar de Gandia (Valencia) con respecto a ella y a sus dos hijos menores de edad.

Tras esta queja, el Síndic, quien solicitó informe a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, destaca que los PEF “deben de proteger y velar por la seguridad de los menores que tiene bajo su responsabilidad”.

Asimismo, en el escrito, consultado por Europa Press, la institución recuerda que el denominado Síndrome de Alienación Parental “no es una categoría clínica, ni médica, ni psicológica” sino que debe entenderse como “descripción de una situación caracterizada por una serie de síntomas y conductas”.

En este sentido, Cholbi indica que en los casos en que se aprecie problemas de relación y rechazo de los hijos hacia el padre, “la primera aproximación desde un punto de vista científico debe ser descartar situaciones de violencia y abordarlos como un problema de adaptación o de relación del menor o de su entorno familiar y no como patología”.

Así, entiende que en algunos casos el rechazo de los menores al progenitor se debe a que ha existido previamente violencia doméstica y que, por lo tanto, “en modo alguno puede ser aplicable el ‘diagnóstico’ –no científico– llamado Síndrome de Alineación Parental para argumentar el rechazo a un padre no custodio”.

Del mismo modo, el Síndic de Greuges insta a “crear la confianza suficiente” en los PEF para que estos centros “no se conviertan, si cabe más, para los usuarios, en un lugar de mayor sufrimiento e incomprensión del que ya tiene por razones de conflictividad familiar”.

Por todo ello, la institución sugiere que los profesionales de los PEF no utilicen el denominado Síndrome de Alineación Parental “al no estar avalado por los organismos internacionales correspondientes”.