En  Alemania, ya ocurrió un caso real  en que una mujer perdió su prestación por  desempleo al negarse a acptar una propuesta de trabajo similar a esta.

Pues poco más que comentar y si que ver: que lo reflexioneis bien!

Es evidente, que esta iniciativa es necesaria para sumar esfuerzos contra el negocio de las organizaciones mafiosas dedicadas al comercio sexual.

La suma a este compromiso esta siendo lenta pero constante. La corriente de responsabilidad social en esta materia la inicio el diario gratuito 20 minutos, que renuncio a los anuncios de contactos sexuales. Le han seguido el diario Público y La Razón, así como algunos otros de tirada regional.

El hecho de que la publicación de anuncios de contactos no sea una actividad expresamente prohibida por nuestro ordenamiento jurídico, no obsta para que la forma o modo en el que se publicitan dichos anuncios sí pueda contravenir la normativa vigente. Los medios son conscientes de esta realidad hasta el punto de que en los últimos meses tras la apertura de este debate social han comenzado a evitar fotos demasiado explicitas y han pasado a difuminar los rostros –muchas veces infantiles- que plagaban sus paginas, en un intento por eludir incurrir en lo estipulado por la ley de Igualdad para la publicidad ilícita .

Ellos saben que están en el límite, saben que sus anuncios coadyuvan a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Por tanto hemos de decirles que se trata de que adquieran un compromiso con la sociedad española y renuncien a la publicidad de comercio sexual, por que es una publicidad socialmente no deseable.

Es preciso que una sociedad moderna deje de parapetarse sobre argumentos de necesidad y que como San Agustín pretenden vendernos la idea de que gracias a la prostitución “se podrá preservar la honestidad de las casadas y la virginidad de las solteras”. Este pensamiento arraigado en el ADN colectivo es injusto y esconde mucha violencia  tras de si.

Los medios han de tomar conciencia de que favorecer la Igualdad pasa también por afrontar este debate siendo conscientes de que la cultura y la tradición se manifiestan en estereotipos y costumbres que con demasiada frecuencia son discriminatorias, ilícitas, excluyentes y que se sostienen de forma violenta. Tenemos demasiadas prácticas y demasiadas costumbres que obstaculizan el avance de las mujeres.

Debemos enviar a los medios el mensaje de que la supresión de publicidad  tendrá un impacto positivo para la sociedad. Junto a la filosofa Ana de Miguel, hoy  podemos decirles a los medios que la publicidad que pone un cuerpo como objeto de consumo, de alquiler, de venta deforma todas las relaciones entre hombres y mujeres y que tarde o temprano todos pagamos un precio por deformar así las relaciones entre los sexos.

Me regalaron tres libros que tratan, uno sobre la crisis financiera,  otro sobre la supresión de los derechos sociales mediante la privatización de los Servicios Sociales y un tercero que versa sobre los paraísos fiscales.

En conjunto componen un análisis interesante de la realidad que escasamente se refleja en los medios de comunicación pero que explican como se mueve el dinero y por tanto del poder real (no necesariamente el político).

Entrar a conocer las dinámicas de los paraísos fiscales da pavor. No en vano, son los lugares de los evasores de impuestos, terroristas y narcotraficantes. Para algunos tiene un morbo muy cinematográfico conocer los entresijos de los clanes que escondiendo su identidad, tratan de encubrir el sucio origen de sus fondos.

Mientras leo recuerdo que, presuntamente, un tal Barcenas, ex tesorero del PP, trajinaba por esos paraísos.  Ese ha sido el motivo que ha llevado al magistrado instructor del caso Gürtel ha enviar comisiones rogatorias a Suiza y a una colonia británica para tratar de averiguar donde se resguardan los dineros de las actividades ilegales de ciertos responsables del Partido Popular.

Si como parece esos dineros de la corrupción del PP descansan en esos paraísos, cabria  recordar que estarán junto al dinero de los traficantes de drogas, el contrabando de armas, los crímenes de guante blanco, la extorsión o la prostitución.

Necesitamos  sin duda  sistemas de control fiscal más eficaces ya que, cuando alguien esconde dinero en un lugar que ofrece impunidad, está reduciendo los ingresos fiscales y por tanto las prestaciones sociales y está, también, haciendo vulnerable a la democracia.

En plena crisis económica nadie duda que estos paraísos hayan incentivado la especulación y la inestabilidad financiera  y sin embargo, la intervención  europea para fomentar el intercambio de información tributaria es insuficiente y poco efectiva.  Si el proceso de reajuste iniciado, como consecuencia de la actual crisis financiera, no ataja estas practicas perjudiciales, obtendremos pocos resultados saludables para la transparencia, fomentaremos la negación de la política decente frente al arrasador neoliberalismo, no paliaremos las condiciones de pobreza y alentaremos la delincuencia financiera.

Parecería grotesco que inmersos en debates de calado social que pueden significar recortes de derechos, no se planteen en el ámbito internacional fórmulas que  traten de poner freno al secretismo impúdico de algunos Estados que protegen a los Barcenas, contrabandistas, extorsionadores y proxenetas del mundo.

La prostitución ha sido utilizada  siempre como “acto compartido entre iguales”,  dandole  el significado simbólico de compartir una intimidad que se entiende como  indebida, ilegitima o ilegal pero que precisamente por esa condición permite “soldar compromisos”  y generar complicidad desde “el compartir secreto”.

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NO DEJES DE VISITAR LA WEB

WWW.NOALATASADEBASURAS.ORG

En España los “empresarios” de burdeles han elaborado un manifiesto contra el Plan contra la Trata de seres humanos con fines sexuales aprobado por el Gobierno de España
Quieren movilizar  a sus asociados para luchar contra un Plan que  persigue  atajar el principal medio a través del que se abastece la prostitución y que ellos perciben, por tanto,  como una amenaza a sus intereses.

Anela es una de las organizaciones más activas en la promoción de  la REGULARIZACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN  procedimiento a través del que, según ellos,  se llegará a  la normalización de “un sector que necesita con toda urgencia ser considerado como una actividad empresarial más”.

En ese camino, estos que comercian con mujeres,  dicen que tenemos un Plan contra la Trata  que al incentivar que se denuncie a las mafias generará numerosas denuncias falsas. (¿os suena esto de otras luchas?)

Anela está contra el Plan porque,  según ellos, “sus locales corren el serio peligro de ser clausurados” y temen lo que llaman el “decomiso express”  es decir el embargo de bienes y cuentas corrientes que  procedan de la trata de seres humanos.

En ese manifiesto, Anela hace un llamamiento a los que comercian con mujeres para aliarse ya que perciben que el Plan contra la Trata amenaza “el futuro de tu negocio y tu patrimonio” .

¡Más clarito imposible! Por tanto ¿qué hacen algunos alcaldes, incluido el de mi ciudad,  avalando sus posiciones?

La antropóloga Leonor Walker desarrolló la teoría del “ciclo de la violencia” en 1979 y la expuso en su trabajo The Battered Women (Las mujeres maltratadas). Leonor Walker aportó un instrumento muy útil para entender el mantenimiento de las mujeres victimas en la relación violenta y sus dificultades para romper con su agresor.

Hoy sabemos que no salir del ciclo de la violencia agrava las consecuencias de la violencia y abre el camino a consecuencias fatales.

Leonor Walker ha estado esta semana en El Escorial abriendo un ciclo de conferencias dentro del Curso “Políticas públicas contra el maltrato y la trata de mujeres”.

He tenido la satisfacción de participar como ponente en este curso y estoy realmente contenta de haber tenido la oportunidad de compartir una tarde con maestras tan destacadas y que han aportado tanto a la comprensión de los mecanismos que paralizan la toma de decisiones de las mujeres.

Violaciones colectivas

Manuel Moix, fiscal superior de Madrid, ha presentado recientemente la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2008. Resulta interesante observar como los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 20% y los casos de pornografía infantil más de un 400%. Estos son las principales causas que han ayudado a engrosar la tasa de criminalidad en Madrid.

Estos datos han pasado con relativa indiferencia hasta que los medios han fijado su atención en dos casos concretos y recientes de agresiones a niñas por parte de pandillas de varones menores de edad.

El debate suscitado, por casos como el de MariLuz, Marta del Castillo y los recientísimos de la niña violada en Baena, o la menor vecina de Isla Cristina, no puede limitarse a la demanda de endurecimiento de penas o la ampliación de la responsabilidad penal de los menores y sí debe servir para plantear los temas de fondo sobre incidencia y características de estos delitos que van en aumento y cuyas víctimas son esencialmente mujeres.

Asesinatos y violaciones son sin lugar a dudas las formas más horrendas de quebrantamiento de las normas sociales y son especialmente preocupantes cuando concurren circunstancias como la minoría de edad de la víctima o el victimario. El Código Penal ya es claro en este sentido al considerar agravantes la vulnerabilidad de las víctimas o que en los ataques intervengan un número amplio de agresores.

Han sido básicamente los casos de agresiones sexuales los que han abierto el debate social, y sin embargo, es esta una circunstancia que apenas ha tenido espacio en la reciente reflexión pública, muy dirigida por los sectores conservadores a aprovechar el dolor social que generan estas situaciones, para abrir debates simples con propuestas de solución de mucha severidad y poca eficacia.

Sabemos por ejemplo que en Suiza, entre 1999 y 2004, los atentados contra la integridad sexual subieron un 62%.
En Suecia, en 20 años, el número de casos se ha triplicado, mientras que las violaciones en que los agresores son niños varones menores de 15 años se han multiplicado por SEIS en solo una generación.
Sabemos también que los barrios parisinos han sido testigos de violaciones colectivas de mujeres entre 13 y 16 años en las que llegaron a participar hasta 48 agresores.

Sería deseable que el Ministerio del Interior facilitase el número de atentados contra la integridad sexual cometidos por y contra menores de edad en España, incluyendo las violaciones colectivas y las secuencias temporales, que nos permitan conocer cómo ha evolucionado en la última década, a fin de ayudar a buscar explicaciones al fenómeno.
Esos datos nos permitirán preveer si estamos ante el establecimiento en España de hechos frecuentes como los relatados en la prensa centro europea, donde los medios de comunicación describen las «colas de espera» en las violaciones colectivas, o estamos ante una situación episódica.

En Suiza, tras la toma de conciencia del problema, emergió un interesante debate que identificó como elemento responsable el aumento de la pornografía y su fácil acceso gracias a Internet.
Ciertamente para profundizar en estas cuestiones es preciso considerar variables relacionadas con la pornografía y la prostitución, pero también es bueno conocer la historia de las violaciones.

Jaques Rossiaud, autor de “La Prostitución en el Medioevo” describe como en la Edad Media se producían violaciones colectivas de grupos de jóvenes de la misma edad que expresaban sus frustraciones en forma de violencia sexual.

Rossiaud describe la formación de “solidaridades de edad” (pandillas) que dado el escaso papel socializador de los padres les convertían en iniciadores en la vida adulta. Según Rossiaud, la historia nos enseña que la “violación colectiva” ha sido instrumento en el proceso de iniciación de los varones y que ha tenido la finalidad de instruir acerca del papel de la mujer y del hombre en la sociedad. Estaría por tanto hablando de ritos colectivos de virilidad en los que la violación ha jugado históricamente un papel sustancial.

La obra “Ni putas ni sumisas” de la francesa Fadéla Amara nos introdujo para la reflexión una realidad más reciente, la de los muchachos de las barriadas parisinas que utilizan las violaciones colectivas para imponer a “sus mujeres” (hermanas, novias o amigas) un modelo de relación de género anti-igualitario.
Los jóvenes del medievo y los descritos por Fadéla Amara pretendían a través de un “acto compartido” imponer un orden social que quita derechos y pretende excluir del espacio público a las mujeres.
En Francia el perfil del agresor que describe Fadéla Amara, se hallaba muy definido: jóvenes de familias magrebíes que emigraron a Francia y se establecieron en ciudades dormitorio donde se hacinan los inmigrantes.

La cuestión es que en España los autores de estos casos son españoles, hijos de familias normalizadas. Por tanto, sin argumentos que nos permita limpiar nuestras responsabilidades sociales achacándolo a “gentes con otros modelos culturales”, cabe preguntarse si estas agresiones son ciertamente un instrumento de autoafirmación de una hombría y masculinidad mal entendidas. Si como parece evidente es así, no cabe duda de que hablamos de casos claros de violencia de género.
No es un dato menor que como refiere la ONG “Asistencia a Mujeres Violadas” (CAVAS), muchos jóvenes agresores que han participado en violaciones colectivas indican en sus declaraciones ante los juzgados que “lo que hacían les repugnaba, pero no participar cuestionaba su “hombría” dentro del grupo”. No eludamos por tanto la posibilidad de un repunte del sexismo que atraiga viejas fórmulas.

Otro debate de fondo apunta a la responsabilidad de actuar de forma preventiva. Muchos declaran que los padres/madres, y no la escuela, son los responsables de la educación sexual y de establecer los límites.
Sin embargo, la escuela es el espacio por excelencia para la educación (incluida la sexual) y ha sido históricamente un buen lugar para el aprendizaje de límites. El problema es que siendo la escuela donde las niñas (colectivamente), sufren y aprenden las primeras formas de abuso, el profesorado ni tiene recursos para identificarlos ni apoyos para ponerles freno.

Los casos de Baena e Isla Cristina han sido tragedia y dolor, por tanto el silencio partidario de los progenitores de los abusadores ha sido cruel y clamoroso. Hubiese sido ejemplo de dignidad social dirigirse a la población, como responsables de su tutela, para hacerse la pregunta: ¿Qué estamos haciendo mal?

Ha resultado grotesco que en el caso de Baena – niña de 13 años violada por seis menores- haya sido la madre de la víctima la que públicamente se haya hecho esa pregunta, asumiendo una responsabilidad que no tiene y planteando a la sociedad la pregunta equivocada, ya que son los padres de los agresores los que deberían estar abriendo ese debate sobre las responsabilidades particulares y colectivas.

La culpa emergió como siempre del lado equivocado: el de las víctimas de las agresiones sexuales.
Pero, las niñas, las adolescentes, las adultas, las mujeres, necesitamos que estos debates se planteen desde un rigor que no eluda como dato que nosotras somos las principales víctimas de ese tipo de delitos y por tanto, para este debate cabe recordar que “ser mujer no es un dato indiferente”.

Parece que el productor de eventos del Partido Popular organizaba con frecuencia fiestas privadas para agasajar a los alcaldes y cargos políticos con los que trabajaba o quería trabajar.

Para ello, utilizaba “chicas de lujo” que tenían por misión (supongo) ponerles en el disparadero, animándoles y vivificando las reuniones donde, sobre todo, se estimulaba el manejo ilícito de los fondos públicos.Google recoge 1.360.000 referencias sobre “chicas de lujo” eufemismo de mujeres prostituidas que en el ambiente de la trama Gürtel quedarían definidas como “mujeres para el relax de alto nivel”.

Ahora el sumario va desvelando que el lavado de dinero y el uso de la prostitución eran prácticas asociadas al Correazo Popular. Seria importante ser conscientes de que el nivel de intolerancia y combate hacia estos hechos evidencia la madurez política de un país y también la de un partido político. La corrupción no puede ser un modo de vida y hemos de evitar que el chanchullo se instale como realidad socialmente aceptable. La tolerancia hacia estos hechos solo nos llevara al establecimiento de la inmoralidad social. Donde se instala la corrupción se acomoda la ilegalidad y la injusticia y donde se instala el chanchullo desaparece el interés común  y se daña gravemente a la democracia.

Son demasiados los efectos perniciosos que la corrupción produce en la población como para que quien tiene la posibilidad de poner límites siga sin mandar un mensaje claro y rotundo.

Amplitud horaria, especialización, gratuidad y fácil accesibilidad. Esto representa el 016 puesto en marcha para garantizar el derecho a la información reconocido en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

La puesta en marcha de este servicio por parte del Gobierno, debía hacerse sobre la premisa de evitar solapamiento y por tanto se ha promovido la firma de convenios o acuerdos con las Comunidades Autónomas para garantizar la cobertura informativa sobre prestaciones en cada territorio buscando rapidez, eficacia y simplificación de trámites.

La Comunidad de Madrid, es una de las Comunidades del PP que se ha resistido obcecadamente a firmar convenios o acuerdos en este sentido. Resulta inexplicable el porqué.

La situación es la siguiente: La Comunidad cuenta con el 012-Mujer teléfono que atendió en sus dos primeros años de vida unas 11.000 llamadas de las cuales el 75% eran referidas a violencia contra las mujeres.
El teléfono estatal 016 en su primer año y medio recibió 22.521 llamadas de la Comunidad de Madrid, es decir el doble.

Quizás un aspecto a considerar sobre este hecho es que el teléfono nacional cubre un horario de 24h, 365 días al año (8.904 anuales), mientras que el teléfono autonómico cubre sólo las 4.982 horas que computan su horario .

El 016 consiguió tener una mayor capacidad de penetración ya que el Gobierno de España convino con las televisiones generalistas para que estampasen ese número en todas las noticias sobre malos tratos, incorporó diversos idiomas para la atención o dispuso sistemas que permitiesen atender a personas con discapacidad sensorial.

No firmar el convenio, supone que las mujeres madrileñas no cuenten con una información actualizada, y por tanto veraz, sobre los derechos y servicios con que cuentan en esta comunidad autónoma. No firmar el convenio repercute negativamente en la atención a las víctimas.

Desde el Grupo Socialista del ayuntamiento de Madrid consideramos que no se puede restar importancia a esta cuestión. Ese ha sido el motivo por el que propusimos al Pleno del Ayuntamiento que asumiese el compromiso de pedir institucionalmente a la Comunidad que no dificulte a las víctimas de malos tratos el acceso a la información sobre los derechos que les asisten y los recursos de que pueden disponer.

El Pleno lo aprobó por unanimidad. Todos/as nos felicitamos y las mujeres usuarias lo agradecerán.
Si la Comunidad de Madrid se sirve de esta materia para hacer desgaste y oposición al Gobierno de España se equivoca. El obstáculo no se lo pone a Zapatero se lo pone a las mujeres madrileñas. En esta materia, la ciudadanía le exige a Esperanza Aguirre que abandone estrategias que ponen en riesgo derechos fundamentales y provocan desaliento en miles de mujeres. Necesitamos seriedad, compromiso y responsabilidad.

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(1)

(El horario de atención del 012-Mujer es de lunes a viernes de 8 a 22 horas, y sábados, domingos y festivos de 10 a 22 horas ininterrumpidamente).