Es evidente, que esta iniciativa es necesaria para sumar esfuerzos contra el negocio de las organizaciones mafiosas dedicadas al comercio sexual.

La suma a este compromiso esta siendo lenta pero constante. La corriente de responsabilidad social en esta materia la inicio el diario gratuito 20 minutos, que renuncio a los anuncios de contactos sexuales. Le han seguido el diario Público y La Razón, así como algunos otros de tirada regional.

El hecho de que la publicación de anuncios de contactos no sea una actividad expresamente prohibida por nuestro ordenamiento jurídico, no obsta para que la forma o modo en el que se publicitan dichos anuncios sí pueda contravenir la normativa vigente. Los medios son conscientes de esta realidad hasta el punto de que en los últimos meses tras la apertura de este debate social han comenzado a evitar fotos demasiado explicitas y han pasado a difuminar los rostros –muchas veces infantiles- que plagaban sus paginas, en un intento por eludir incurrir en lo estipulado por la ley de Igualdad para la publicidad ilícita .

Ellos saben que están en el límite, saben que sus anuncios coadyuvan a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Por tanto hemos de decirles que se trata de que adquieran un compromiso con la sociedad española y renuncien a la publicidad de comercio sexual, por que es una publicidad socialmente no deseable.

Es preciso que una sociedad moderna deje de parapetarse sobre argumentos de necesidad y que como San Agustín pretenden vendernos la idea de que gracias a la prostitución “se podrá preservar la honestidad de las casadas y la virginidad de las solteras”. Este pensamiento arraigado en el ADN colectivo es injusto y esconde mucha violencia  tras de si.

Los medios han de tomar conciencia de que favorecer la Igualdad pasa también por afrontar este debate siendo conscientes de que la cultura y la tradición se manifiestan en estereotipos y costumbres que con demasiada frecuencia son discriminatorias, ilícitas, excluyentes y que se sostienen de forma violenta. Tenemos demasiadas prácticas y demasiadas costumbres que obstaculizan el avance de las mujeres.

Debemos enviar a los medios el mensaje de que la supresión de publicidad  tendrá un impacto positivo para la sociedad. Junto a la filosofa Ana de Miguel, hoy  podemos decirles a los medios que la publicidad que pone un cuerpo como objeto de consumo, de alquiler, de venta deforma todas las relaciones entre hombres y mujeres y que tarde o temprano todos pagamos un precio por deformar así las relaciones entre los sexos.

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Ante los ataques sistemáticos de la derecha neo-machista a las Leyes de Igualdad y de Prevención de la Violencia de Género creemos que es necesario visibilizar una respuesta contundente.

Por ello proponemos invadir la blogosfera, las webs, las redes sociales y los espacios de comunicación informales de un mensaje claro y contundente en torno a la idea: Para combatir la Violencia de Género, hay que promocioanr la Igualdad

Para ello es preciso: Escribir, Incluir, Sustituir.

• Escribir notas y posts en torno a este mensaje en blogs y webs.

• Incluir en vuestros blogs, webs, el logo que os adjuntamos.
• También sustituir vuestra imagen en las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) durante los próximos días con el mismo logo.

Entendemos que las políticas de igualdad son claves para combatir la violencia de género y que los mensajes y políticas de la derecha cuestionando a las instituciones que implementan estrategias para la igualdad, boicoteando el desarrollo reglamentario de las leyes o dando pábulo a la creencia de que existen miles de  denuncias falsas como práctica habitual de las mujeres, no son otra cosa que una resistencia organizada a los cambios que una sociedad democrática debe promover para avanzar en una convivencia en igualdad y libre de violencia.

Estas campañas fomentan el silencio y limitan o impiden la toma de conciencia social sobre un problema más grave, en términos de vidas humanas, que el terrorismo político.

Las consecuencias de estas campañas de ataque a leyes fundamentales para conseguir erradicar una violencia que cuesta la vida a decenas de mujeres cada año, son, impredecibles. Por tanto es el momento de exigir RESPONSABILIDAD política y social … pasalo!!!.

La prostitución ha sido utilizada  siempre como “acto compartido entre iguales”,  dandole  el significado simbólico de compartir una intimidad que se entiende como  indebida, ilegitima o ilegal pero que precisamente por esa condición permite “soldar compromisos”  y generar complicidad desde “el compartir secreto”.

En el caso Neira, el ofrecimiento de un cargo a quien estaba aun convaleciente en el hospital, muestra un PP dispuesto al aprovechamiento sin escrúpulos y a la utilización abusiva de las personas y su infortunio, pero denota también cierta imprudencia por parte de quienes cuidan del señor Neira en el ámbito emocional.

No creo que ser victima, sea motivo suficiente para ostentar la responsabilidad de un organismo público para el que se precisa especialización, dominio de las dinámicas de una violencia tan especifica, trayectoria de contacto con el problema y sobre todo muchas ganas de dejar de ser victima.

Las/os profesionales que intervienen con mujeres manifiestan un rotundo rechazo al concepto de “victima”. En realidad trabajan para sacar a las mujeres de ese papel e incorporarlas a la vida como supervivientes de una violencia que las subyugo pero no las derroto. El éxito terapéutico es la supervivencia, es decir, acabar con el papel de víctima.

En realidad, esto, consiste en recuperar la posición de persona con derechos a la que la sociedad repara, la libera del martirio y le ayuda a recuperarse del daño. Sin embargo, si alentamos el papel de víctima estimulamos un victimismo que termina siempre en comportamientos patológicos. No se puede (terapéuticamente hablando) fomentar ese papel y menos para sacar rédito político del mismo. Quienes se hallan en proceso de recuperación o duelo deben sanar. Lo saben los terapeutas y lo ha explicado con sensatez el mismísimo abogado de Neira -Javier Castro-, que ha dado en la diana al indicar que “nadie puede hacer de un trauma una causa”.

Estos días el PP a través de su portavoz en la Asamblea de Madrid, ha dicho atrocidades como que un “gesto heroico” da patente de corso para hacer y decir lo que se quiera; y algo más revelador; que “se le puso ahí” (refiriéndose a la presidencia del Observatorio de la Violencia de Género) “porque era un ejemplo muy valioso”. Por cierto: en Madrid tenemos 53.000 ejemplos valiosos de supervivencia en los últimos 6 años.

Dado que la condición de víctima no es una categoría de expertizaje -más bien todo lo contrario- cabe colegir que Esperanza Aguirre nombro a Neira presidente del Observatorio por otros motivos.

Después de leer el libelo del señor Neira contra la Constitución Española, el PSOE y todo lo que huela a Democracia se comprenden las auténticas razones por las que Aguirre ” le puso ahí”.

Llegados a este punto solo cabe recomendar que se proceda, si alguien tiene un poco de sensatez, al cese del señor Neira: por salud democrática y por estrategia terapéutica.

¡Son fantásticas!. No he conseguido aún  escucharlas en  directo, pero quienes sí lo han conseguido dicen que  es “implacable, fresco pero intenso, femenino y guerrero”.  Lo que sí puedo certicar es que las letras son mordaces e  inconformistas.

Lo primero que escuche de ellas fue “El sublevarte”. Hoy, 24 de Diciembre de 2009, siete añitos después de escucharlas por primera vez,  puede ser un buen momento para celebrar la Navidad vinculando nuestro  sentido perceptor de sonidos a una de sus canciones: http://www.masquepalabras.org/bkc/canciones/naufragas.mp3.

VALENCIA, 31 (EUROPA PRESS)

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, sugiere a los profesionales que trabajan en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) no utilizar el Síndrome de Alineación Parental, al no estar reconocido ni avalado por ninguna asociación profesional ni científica.

Asimismo, entiende que su utilización es “contraria al espíritu de la Ley contra la Violencia de Género y, sobre todo, a la consideración y prudencia que requieren los menores de sus reacciones emocionales, sobre todo, si han padecido la vivencia de violencia familiar y, en este sentido, la extrema atención a la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia”.

El Defensor del Pueblo de la Comunitat hace esta sugerencia, con fecha 27 de octubre, tras una queja formulada por una madre en la que relataba una serie de “irregularidades” en el Punto de Encuentro Familiar de Gandia (Valencia) con respecto a ella y a sus dos hijos menores de edad.

Tras esta queja, el Síndic, quien solicitó informe a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, destaca que los PEF “deben de proteger y velar por la seguridad de los menores que tiene bajo su responsabilidad”.

Asimismo, en el escrito, consultado por Europa Press, la institución recuerda que el denominado Síndrome de Alienación Parental “no es una categoría clínica, ni médica, ni psicológica” sino que debe entenderse como “descripción de una situación caracterizada por una serie de síntomas y conductas”.

En este sentido, Cholbi indica que en los casos en que se aprecie problemas de relación y rechazo de los hijos hacia el padre, “la primera aproximación desde un punto de vista científico debe ser descartar situaciones de violencia y abordarlos como un problema de adaptación o de relación del menor o de su entorno familiar y no como patología”.

Así, entiende que en algunos casos el rechazo de los menores al progenitor se debe a que ha existido previamente violencia doméstica y que, por lo tanto, “en modo alguno puede ser aplicable el ‘diagnóstico’ –no científico– llamado Síndrome de Alineación Parental para argumentar el rechazo a un padre no custodio”.

Del mismo modo, el Síndic de Greuges insta a “crear la confianza suficiente” en los PEF para que estos centros “no se conviertan, si cabe más, para los usuarios, en un lugar de mayor sufrimiento e incomprensión del que ya tiene por razones de conflictividad familiar”.

Por todo ello, la institución sugiere que los profesionales de los PEF no utilicen el denominado Síndrome de Alineación Parental “al no estar avalado por los organismos internacionales correspondientes”.

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NO DEJES DE VISITAR LA WEB

WWW.NOALATASADEBASURAS.ORG

Este verano, Rouco se ha ido a la costa adriática italiana para reunirse con el movimiento ultracatólico Comunión y Liberación y enviar  una “alerta sobre el peligro del poder político”.

Lo que Rouco ha venido a decir es que pueden perder poder si se consolidan los derechos de otras confesiones religiosas y sobre todo si se garantizan los derechos de aquellos que no pertenecen a ninguna.

Están muy preocupados los católicos en todo el mundo. En EEUU han abierto debates desde el Pew Forum on Religion and Public Life para manifestar su preocupación ante el hecho de que “predicar contra la homosexualidad en los sermones se convierta en delito” y les inquieta especialmente que sus Universidades y Hospitales “se vean obligados a proporcionar los mismos beneficios a las parejas del mismo sexo que actualmente proporcionan a los matrimonios heterosexuales”.

Por estas cosas, el cardenal arzobispo de Madrid, se va al Adriático y alerta sobre “el peligro del poder político”.

La política, esa actividad a través de la que se rigen los asuntos públicos y que adquiere todo su sentido en democracia al ordenar y promover derechos para todos/as, inquieta a Rouco.

Rouco ve peligrar los derechos fundamentales de la persona tal como la Iglesia los entiende. Por ejemplo: el derecho a la libertad religiosa entendida como la imposición de su doctrina, el derecho a la libertad de enseñanza entendida como la obligación de que nuestros hijos estén expuestos a sus doctrinas y sean calificados tras instruirse en sus preceptos, o el derecho a la vida entendido como la imposición de cárcel y castigo para millones de mujeres que ejercen el derecho a decidir cosas tan elementales como el momento en que quieren ser madres.

¿Qué pretende Rouco? ¿Quiere mantener su doctrina como fuente de privilegios para sus adeptos? ¿le inquieta que en democracia toda la ciudadanía exija trato igualitario y sin discriminación de ningún tipo?

¿A Rouco le asusta que los ciudadanos a través de la acción política puedan darse marcos de convivencia capaces de hacer espacios de pluralismo ideológico, moral y religioso? ¿Teme Rouco un espacio público neutral dónde se garantice y respete la conciencia de todos y no sólo la de fieles católicos?

Rouco teme, y por tanto alerta sobre el poder político que puede articular los espacios de neutralidad que garanticen la convivencia y el respeto a la pluralidad.

Estos temores los tiene el representante en España de una jerarquía religiosa que ha impuesto, limitado, condicionado, restringido e incluso negado derechos fundamentales a millonesde personas a lo largo de la Historia.

La antropóloga Leonor Walker desarrolló la teoría del “ciclo de la violencia” en 1979 y la expuso en su trabajo The Battered Women (Las mujeres maltratadas). Leonor Walker aportó un instrumento muy útil para entender el mantenimiento de las mujeres victimas en la relación violenta y sus dificultades para romper con su agresor.

Hoy sabemos que no salir del ciclo de la violencia agrava las consecuencias de la violencia y abre el camino a consecuencias fatales.

Leonor Walker ha estado esta semana en El Escorial abriendo un ciclo de conferencias dentro del Curso “Políticas públicas contra el maltrato y la trata de mujeres”.

He tenido la satisfacción de participar como ponente en este curso y estoy realmente contenta de haber tenido la oportunidad de compartir una tarde con maestras tan destacadas y que han aportado tanto a la comprensión de los mecanismos que paralizan la toma de decisiones de las mujeres.

Violaciones colectivas

Manuel Moix, fiscal superior de Madrid, ha presentado recientemente la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2008. Resulta interesante observar como los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 20% y los casos de pornografía infantil más de un 400%. Estos son las principales causas que han ayudado a engrosar la tasa de criminalidad en Madrid.

Estos datos han pasado con relativa indiferencia hasta que los medios han fijado su atención en dos casos concretos y recientes de agresiones a niñas por parte de pandillas de varones menores de edad.

El debate suscitado, por casos como el de MariLuz, Marta del Castillo y los recientísimos de la niña violada en Baena, o la menor vecina de Isla Cristina, no puede limitarse a la demanda de endurecimiento de penas o la ampliación de la responsabilidad penal de los menores y sí debe servir para plantear los temas de fondo sobre incidencia y características de estos delitos que van en aumento y cuyas víctimas son esencialmente mujeres.

Asesinatos y violaciones son sin lugar a dudas las formas más horrendas de quebrantamiento de las normas sociales y son especialmente preocupantes cuando concurren circunstancias como la minoría de edad de la víctima o el victimario. El Código Penal ya es claro en este sentido al considerar agravantes la vulnerabilidad de las víctimas o que en los ataques intervengan un número amplio de agresores.

Han sido básicamente los casos de agresiones sexuales los que han abierto el debate social, y sin embargo, es esta una circunstancia que apenas ha tenido espacio en la reciente reflexión pública, muy dirigida por los sectores conservadores a aprovechar el dolor social que generan estas situaciones, para abrir debates simples con propuestas de solución de mucha severidad y poca eficacia.

Sabemos por ejemplo que en Suiza, entre 1999 y 2004, los atentados contra la integridad sexual subieron un 62%.
En Suecia, en 20 años, el número de casos se ha triplicado, mientras que las violaciones en que los agresores son niños varones menores de 15 años se han multiplicado por SEIS en solo una generación.
Sabemos también que los barrios parisinos han sido testigos de violaciones colectivas de mujeres entre 13 y 16 años en las que llegaron a participar hasta 48 agresores.

Sería deseable que el Ministerio del Interior facilitase el número de atentados contra la integridad sexual cometidos por y contra menores de edad en España, incluyendo las violaciones colectivas y las secuencias temporales, que nos permitan conocer cómo ha evolucionado en la última década, a fin de ayudar a buscar explicaciones al fenómeno.
Esos datos nos permitirán preveer si estamos ante el establecimiento en España de hechos frecuentes como los relatados en la prensa centro europea, donde los medios de comunicación describen las «colas de espera» en las violaciones colectivas, o estamos ante una situación episódica.

En Suiza, tras la toma de conciencia del problema, emergió un interesante debate que identificó como elemento responsable el aumento de la pornografía y su fácil acceso gracias a Internet.
Ciertamente para profundizar en estas cuestiones es preciso considerar variables relacionadas con la pornografía y la prostitución, pero también es bueno conocer la historia de las violaciones.

Jaques Rossiaud, autor de “La Prostitución en el Medioevo” describe como en la Edad Media se producían violaciones colectivas de grupos de jóvenes de la misma edad que expresaban sus frustraciones en forma de violencia sexual.

Rossiaud describe la formación de “solidaridades de edad” (pandillas) que dado el escaso papel socializador de los padres les convertían en iniciadores en la vida adulta. Según Rossiaud, la historia nos enseña que la “violación colectiva” ha sido instrumento en el proceso de iniciación de los varones y que ha tenido la finalidad de instruir acerca del papel de la mujer y del hombre en la sociedad. Estaría por tanto hablando de ritos colectivos de virilidad en los que la violación ha jugado históricamente un papel sustancial.

La obra “Ni putas ni sumisas” de la francesa Fadéla Amara nos introdujo para la reflexión una realidad más reciente, la de los muchachos de las barriadas parisinas que utilizan las violaciones colectivas para imponer a “sus mujeres” (hermanas, novias o amigas) un modelo de relación de género anti-igualitario.
Los jóvenes del medievo y los descritos por Fadéla Amara pretendían a través de un “acto compartido” imponer un orden social que quita derechos y pretende excluir del espacio público a las mujeres.
En Francia el perfil del agresor que describe Fadéla Amara, se hallaba muy definido: jóvenes de familias magrebíes que emigraron a Francia y se establecieron en ciudades dormitorio donde se hacinan los inmigrantes.

La cuestión es que en España los autores de estos casos son españoles, hijos de familias normalizadas. Por tanto, sin argumentos que nos permita limpiar nuestras responsabilidades sociales achacándolo a “gentes con otros modelos culturales”, cabe preguntarse si estas agresiones son ciertamente un instrumento de autoafirmación de una hombría y masculinidad mal entendidas. Si como parece evidente es así, no cabe duda de que hablamos de casos claros de violencia de género.
No es un dato menor que como refiere la ONG “Asistencia a Mujeres Violadas” (CAVAS), muchos jóvenes agresores que han participado en violaciones colectivas indican en sus declaraciones ante los juzgados que “lo que hacían les repugnaba, pero no participar cuestionaba su “hombría” dentro del grupo”. No eludamos por tanto la posibilidad de un repunte del sexismo que atraiga viejas fórmulas.

Otro debate de fondo apunta a la responsabilidad de actuar de forma preventiva. Muchos declaran que los padres/madres, y no la escuela, son los responsables de la educación sexual y de establecer los límites.
Sin embargo, la escuela es el espacio por excelencia para la educación (incluida la sexual) y ha sido históricamente un buen lugar para el aprendizaje de límites. El problema es que siendo la escuela donde las niñas (colectivamente), sufren y aprenden las primeras formas de abuso, el profesorado ni tiene recursos para identificarlos ni apoyos para ponerles freno.

Los casos de Baena e Isla Cristina han sido tragedia y dolor, por tanto el silencio partidario de los progenitores de los abusadores ha sido cruel y clamoroso. Hubiese sido ejemplo de dignidad social dirigirse a la población, como responsables de su tutela, para hacerse la pregunta: ¿Qué estamos haciendo mal?

Ha resultado grotesco que en el caso de Baena – niña de 13 años violada por seis menores- haya sido la madre de la víctima la que públicamente se haya hecho esa pregunta, asumiendo una responsabilidad que no tiene y planteando a la sociedad la pregunta equivocada, ya que son los padres de los agresores los que deberían estar abriendo ese debate sobre las responsabilidades particulares y colectivas.

La culpa emergió como siempre del lado equivocado: el de las víctimas de las agresiones sexuales.
Pero, las niñas, las adolescentes, las adultas, las mujeres, necesitamos que estos debates se planteen desde un rigor que no eluda como dato que nosotras somos las principales víctimas de ese tipo de delitos y por tanto, para este debate cabe recordar que “ser mujer no es un dato indiferente”.