Como muchas de las personas que me leen saben, en estos momentos, soy concejala electa del Ayuntamiento de Madrid y responsable de la Secretaría de Políticas de Igualdad de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Madrid.
Hace dos días tuvo lugar una Comisión Informativa de la Delegacion de Familia y Asuntos Sociales que dirige Concepción Dancausa.
El asunto que yo llevaba a dicha Comisión era la solicitud de información respecto a la atención social que había recibido la mujer que, como consecuencia de una agresión sexista, fue víctima mortal el 21 de julio de 2007 en la ciudad de Madrid, por parte del SAVD y el Punto Municipal del Observatorio contra la violencia de género.
Durante una visita que realice el 25 de julio de 2007 al Servio de Atencion a la Violencia Domestica (SAVD), se me nego que existiese un expediente abierto a esta mujer. Sin embargo, 24 horas más tarde supe que la Policía Municipal tenía registrada una llamada del SAVD para notificar la apertura de expediente en este caso.
Por tanto, y mediante nota de servicio interior, solicite información. El equipo de gobierno de Gallardón ante esa demanda, niega a esta concejala el acceso al expediente, basándose en el art. 28 de la Ley Integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid.
En esa respuesta, cometieron varios errores:
- Con esa respuesta no negaron que exista el expediente como se me indicó en el SAVD.
- Escudan su negativa con argumentos que vulneran los derechos que, como cargos públicos nos amparan.
Somos muy insistentes y solicitamos, el 4 de septiembre, los datos sobre las diferentes intervenciones de tipo social realizadas en el caso. Como es práctica habitual en el equipo de gobierno de Gallardón, no hemos obtenido ninguna contestación a pesar de haber pasado el plazo de 5 días estipulado por el Reglamento Orgánico del Pleno.
¡No hay ley que justifique su negativa!. Resulta muy fastidioso tener que recordarles que en mi calidad de concejala tengo derecho a tener información de todos los expedientes, así como, la obligación de preservar la confidencialidad de la información que me sea facilitada para el desarrollo de mis funciones. Lo dice el artículo 21.2 del Reglamento Orgánico del Pleno.
Lo que el equipo de gobierno de Gallardón hace es tratar de obstruir nuestra labor de control y fiscalización…en definitiva, obstruir la democracia.
El derecho de los miembros de las Corporaciones Locales a la información necesaria para el desempeño de sus cargos es esencial para el funcionamiento democrático de éstas y con su negativa a facilitar dicha información, Gallardón vulnera un precepto constitucional.: ¡deberían de léerse el art. 23.1 de la Constitución Española!
Puestos a recomendarles lecturas también deberían leerse el documento de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, donde se recuerda a los equipos de gobierno que los concejales/as, tenemos la condición de poder público y consecuentemente “el derecho a obtener del Alcalde, Presidente o Comisión de Gobierno de la Corporación cuanta información precisemos”.
Aunque Gallardón se ampare falazmente en la “protección de datos”, el argumento no cuela. La Agencia de Protección ya se ha pronunciado suficientemente y deja muy claro que tenemos derecho a acceder a los datos (…) cuando sea necesario para el desarrollo de nuestras funciones de control de la Corporación, en los términos previstos en la Ley de Bases de Régimen Local.
Hemos solicitado la documentación porque la mentira previa nos avoca a la sospecha en un caso que resultó fatal para una mujer.
A la señora Dancausa, responsable del Área de Gobierno de Familia y Asuntos Sociales, ya le dije que “La sospecha, como el murciélago, no vuela más que en la oscuridad”. Si el equipo de Gallardón pretende actuar en la oscuridad, en relación a su actuación pública, sería conveniente que supiesen que dedicaremos todo nuestro esfuerzo a dar luz en todos los casos donde sospechemos que se vulneran derechos.
Queremos servicios de atención a las víctimas de la violencia de género de los que podamos fiarnos. Supongo que el PP tenga el mismo deseo. Lo ideal por tanto sería compartir el objetivo de dar seguridad física y emocional a las mujeres víctima de la violencia.
La Comunidad de Madrid no admite que la policía local financiada a través de los convenios de Brigadas de Seguridad ciudadana pueda ser utilizada para casos de violencia de género.
