VALENCIA, 31 (EUROPA PRESS)

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, sugiere a los profesionales que trabajan en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) no utilizar el Síndrome de Alineación Parental, al no estar reconocido ni avalado por ninguna asociación profesional ni científica.

Asimismo, entiende que su utilización es “contraria al espíritu de la Ley contra la Violencia de Género y, sobre todo, a la consideración y prudencia que requieren los menores de sus reacciones emocionales, sobre todo, si han padecido la vivencia de violencia familiar y, en este sentido, la extrema atención a la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia”.

El Defensor del Pueblo de la Comunitat hace esta sugerencia, con fecha 27 de octubre, tras una queja formulada por una madre en la que relataba una serie de “irregularidades” en el Punto de Encuentro Familiar de Gandia (Valencia) con respecto a ella y a sus dos hijos menores de edad.

Tras esta queja, el Síndic, quien solicitó informe a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, destaca que los PEF “deben de proteger y velar por la seguridad de los menores que tiene bajo su responsabilidad”.

Asimismo, en el escrito, consultado por Europa Press, la institución recuerda que el denominado Síndrome de Alienación Parental “no es una categoría clínica, ni médica, ni psicológica” sino que debe entenderse como “descripción de una situación caracterizada por una serie de síntomas y conductas”.

En este sentido, Cholbi indica que en los casos en que se aprecie problemas de relación y rechazo de los hijos hacia el padre, “la primera aproximación desde un punto de vista científico debe ser descartar situaciones de violencia y abordarlos como un problema de adaptación o de relación del menor o de su entorno familiar y no como patología”.

Así, entiende que en algunos casos el rechazo de los menores al progenitor se debe a que ha existido previamente violencia doméstica y que, por lo tanto, “en modo alguno puede ser aplicable el ‘diagnóstico’ –no científico– llamado Síndrome de Alineación Parental para argumentar el rechazo a un padre no custodio”.

Del mismo modo, el Síndic de Greuges insta a “crear la confianza suficiente” en los PEF para que estos centros “no se conviertan, si cabe más, para los usuarios, en un lugar de mayor sufrimiento e incomprensión del que ya tiene por razones de conflictividad familiar”.

Por todo ello, la institución sugiere que los profesionales de los PEF no utilicen el denominado Síndrome de Alineación Parental “al no estar avalado por los organismos internacionales correspondientes”.

La tabla adjunta significa que una de cada cuatro llamadas por violencia de género al número de ayuda estatal (016) se realizan desde Madrid.

Estos datos, son suficiente motivo para que una Comunidad con unos indices de asesinatos de mujeres ciertamente preocupantes, no rehuya ningun esfuerzo para poner freno  a esta atrocidad.

Hemos exigido desde el PSM a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que firme el convenio con este servicio para mejorar la atención a las víctimas.

Resulta irritante seguir las actividades de la consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados,  muy dada a visitar con frecuencia el 012 acompañada de los medios de comunicación para ofrece datos sobre las atenciones telefónicas a víctimas de la violencia de género de manera sesgada e incompleta, ocultando que las mujeres madrileñas son las principales usuarias del teléfono estatal 016.

El Gobierno regional no sólo no firma convenios con el 016, sino que tampoco lo hace con otros teléfonos de asesoramiento municipales. Por tanto, no establece protocolos de coordinación que garanticen una intervención eficaz y racional, ya que ignora o evita informar sobre los recursos propios de muchos ayuntamientos.

En estos momentos, el 012, habilitado por el Gobierno de Aguirre, tiene un horario limitado, atiende sólo en castellano y no está habilitado para personas con discapacidad sensorial, mientras que el 016  habilitado por el Gobierno de España, garantiza la atención de las llamadas en varios idiomas: castellano, catalán, gallego, vasco, inglés y francés. Ademas está habilitado para personas con discapacidad sensorial y atiende las 24 horas los 365 días del año.

Es preciso recordar que el convenio estipula que las llamadas al 016 son derivadas automáticamente a los teléfonos autonómicos que garantizan un servicio similar, y en los casos en que la prestación difiera, se atienden por las propias operadoras del 016 a partir de la información facilitada por las propias Comunidades Autónomas.

Firmar el convenio supone entre cosas comprometerse para facilitar informacion actualizada que la Comunidad de Madrid hoy por hoy no ofrece.

La decisión  politica de no firmar significa de facto dificultar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género en la Comunidad  de Madrid.

A las puertas de la Conferencia de Presidentes, es preciso que estas actitudes cambien en favor de un empeño conjunto a favor de la eficacia.  Aguirren y Adrados deben colaborar.